Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) protestaron este martes porque ninguna de las propuestas de ley introducidas en el Senado de EE. UU. para ofrecer un camino a la residencia permanente a más de 319.000 trabajadores amparados por el programa ha prosperado en la Cámara Alta, controlada por ajustada mayoría demócrata.
A medida que avanza el año legislativo 2021 -con oportunidad para un debate del tema- los beneficiarios están preocupados de que al llegar el próximo año electoral, la agenda se centrará en los comicios.
Decenas de personas se plantaron con carteles este martes frente a la sede del Partido Demócrata, cerca del Capitolio, en Washington, para mostrar su descontento con la alineación del presidente Joe Biden y el control de ambas cámaras del legislativo federal.
“Han sido nomás promesas vacías durante las elecciones y nosotros hemos seguido ahí esperando ese día y no vamos a tomar más excusas, vamos a estar en las calles cada vez que sea necesario en el momento que tengamos que estar y donde tengamos que estar”, dijo a la Voz de América Concepción Morales, dirigente de la Alianza Nacional del TPS en Baltimore, Maryland.
Entre las propuestas presentadas para solucionar la situación del TPS figura la de los senadores de Maryland, Chris Van Hollen y Ben Cardin, llamada Ley de Ambiente Seguro en Países Bajo Represión y Emergencia (SECURE), en consonancia con la ley aprobada en la Cámara de Representantes en junio de 2020 para facilitar el ajuste de estatus legal a estos inmigrantes.
Llevar sus consignas frente a la sede del Partido Demócrata es una decisión que tomaron al no ver acciones para protegerles y cumplir la promesa hecha durante la campaña electoral de buscar una solución rápida una vez tomaran posesión del gobierno a principio de este año, dijo a VOA Soledad Miranda, activista por el TPS en Washington DC.
De los más 319.500 tepesianos -como se hacen llamar estos trabajadores esenciales- la mayoría son centroamericanos, según un estudio reciente del Instituto de Políticas Migratorias (MPI).
El padrón lo conforman unos 198.400 salvadoreños, 60.400 hondureños y 3.200 nicaragüenses que en conjunto representan el 82% de beneficiarios del programa, creado para proteger de la deportación a inmigrantes provenientes de países que enfrentan desastres naturales.
![Más de 3.8 millones de inmigrantes centroamericanos residen en Estados Unidos, la gran mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras. En imagen centenares de salvadoreños participan en festival de fiestas patrias en el área de Washington. [Foto: VOA/Tomás Guevara]](https://gdb.voanews.com/51ba5fd4-2c4c-4ecd-8cc5-59cd89f7f5bf_w100_r1.jpg)
En días recientes fracasó un intento del ala demócrata de incluir en el paquete legislativo de la Ley de Presupuesto un apartado para ofrecer un acceso a la residencia permanente a los inmigrantes con TPS y a los del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El plan falló luego de que la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, rechazara la propuesta por considerar que viola las reglas de procedimiento del Senado. Los liderazgos demócratas en la Cámara Alta y la Casa de Representantes lamentaron la decisión y prometieron buscar otras vías.
“Sabemos que la decisión de darnos residencia permanente es una decisión política, y todavía el Partido Demócrata puede empujar para una residencia permanente para nuestra comunidad inmigrante”, opinó José Palma, dirigente de la Alianza Nacional a VOA.
La comunidad TPS sigue en vilo con un permiso de trabajo y estancia legal en el país revalidado a principios de septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta diciembre de 2022, mientras avanzan los litigios en cortes federales para decidir la legalidad o no de la cancelación del estatus legal a inmigrantes de seis países por parte de la administración de Donald Trump.
Entre finales de 2017 y principios de 2018 la Administración Trump canceló uno a uno el TPS para El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Nepal y Sudán. Luego llegaron las demandas colectivas a las cortes, que impusieron medidas cautelares con las que se mantienen protegidos de la deportación a los inmigrantes beneficiarios.
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