AP y redacción. El presidente Donald Trump está considerando emitir un decreto que se enfocaría en la deportación de algunos inmigrantes si se vuelven dependientes de la asistencia gubernamental.
The Associated Press dijo haber obtenido una copia del borrador del decreto que exigiría la identificación y deportación "tan rápida como sea posible" de cualquier inmigrante que se encuentre en el país sin autorización y reciba ciertos tipos de prestaciones de asistencia pública.
La orden, si es firmada, se enfocaría además en los esfuerzos del gobierno para bloquear a inmigrantes que pudieran convertirse en dependientes de prestaciones del gobierno.
La Casa Blanca no comentó de inmediato al respecto.
Los inmigrantes ya tienen que demostrar independencia financiera antes de que se les permita ingresar a Estados Unidos. El borrador de la orden ejecutiva indica que el gobierno está considerando tomar medidas no sólo contra los inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos, sino también contra algunos que viven en el país legalmente.
Muchos inmigrantes indocumentados contribuyen al fondo de retiro del Seguro Social. Algunos reportan sus ingresos usando números de Seguro Social auténticos. Otros lo hacen mediante un Número Individual de Identificación Tributaria (ITIN) o con números falsos.
Los inmigrantes indocumentados no califican para recibir asistencia social, cupones de alimentos, Medicaid ni la mayoría de los otros beneficios públicos. La mayoría de estos programas requieren una prueba de estatus migratorio legal y, en virtud de la ley de asistencia social de 1996, incluso los inmigrantes legales no pueden recibir estos beneficios hasta que no hayan estado en Estados Unidos durante más de cinco años. Pero algunos se las arreglan para cobrarlos.
En conjunto, los inmigrantes indocumentados pagaron un estimado de $10,600 millones de dólares en impuestos estatales y locales en el 2010, según el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), una organización de investigación que trabaja temas de política tributaria. Las contribuciones varían según el estado. En Montana aportaron 2 millones de dólares. En California, más de 2,200 millones de dólares. En promedio, pagan alrededor de 6.4% de sus ingresos en impuestos estatales y locales, indicó ITEP.
Un reporte de 2007 de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) sobre el impacto de los inmigrantes indocumentados en los presupuestos de los gobiernos locales y estatales citó cifras del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) que muestran que entre el 50% y 75% de los alrededor de 11 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos ya presentan declaraciones y pagan impuestos sobre la renta cada año.
Los obispos católicos de Estados Unidos se pronunciaron al respecto en 2008 y consideraron que pagar impuestos y no recibir beneficios contribuye a crear una subclase de trabajadores sin derechos completos.
“La decisión de prohibir que los inmigrantes indocumentados reciban beneficios… resalta la injusticia en nuestro sistema inmigratorio. Prueba que los trabajadores contribuyen al sistema impositivo y ayudan a sostener la economía. También revela la hipocresía de nuestras leyes. Con una mano nuestro gobierno intenta deportar a estos trabajadores, pero con la otra retiene firmemente los impuestos que pagan al sistema”, dijo entonces la Iglesia.
