El día que el presidente José Mujica partía hacia Europa en una gira de 11 días, el vicepresidente Danilo Astori señaló públicamente que el Estado uruguayo prepara una declaración pública de mea culpa de los tres poderes, reconociendo su responsabilidad en las violaciones a los Derechos Humanos ‒que incluyen torturas, desapariciones, violaciones y asesinatos‒ ocurridas durante la dictadura cívico-militar que gobernó al país entre 1973 y 1985.
Astori informó del tema a una delegación de la central de trabajadores PIT CNT a quienes recibió para escuchar su planteo de buscar una fórmula que evite que los crímenes de la dictadura prescriban en noviembre próximo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en febrero último sobre lo que se conoce como el caso Gelman que es la muerte de dos personas a manos de la dictadura, que "el Estado debe realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional".
En ese contexto, Astori reveló la intención de Uruguay de asumir su responsabilidad.
En Uruguay, la cúpula militar que dio el golpe de Estado está presa y la población en dos consultas populares, la última en 2009, ratificó la vigencia de la ley de caducidad que durante años impidió juzgar a militares acusados de violar los Derechos Humanos.
