Veinte estados de Estados Unidos controlados por republicanos presentaron una demanda el martes pidiendo a un juez federal en Texas que detenga un programa presentado recientemente por la administración Biden que permite que hasta 30.000 inmigrantes de cuatro países ingresen legalmente al país cada mes si tienen patrocinadores estadounidenses.
La Florida encabezó el martes la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y su liderazgo encabezado por el secretario Alejandro Mayorkas, por el programa de parole humanitario que la administración Biden espera que reduzca la migración irregular de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, argumentando que es una violación de la ley federal de inmigración y una extralimitación del Poder Ejecutivo.
"Los estados demandantes... enfrentan daños sustanciales e irreparables por el abuso del Departamento de su autoridad de libertad condicional, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a cada uno de sus territorios ya abrumados", dice la demanda, que fue presentada por los gobiernos de 20 estados.
En el centro de la demanda se encuentra un nuevo proceso de libertad condicional establecido para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, que permite a los ciudadanos de estos países solicitar el parole humanitario por hasta dos años.
Los inmigrantes pueden ser aprobados para vivir y trabajar en Estados Unidos siempre que pasen los controles médicos y de antecedentes, tengan un patrocinador financiero en el país y paguen su pasaje aéreo.
Anunciado por el presidente Biden a principios de este mes como parte de una nueva estrategia para disuadir los cruces fronterizos ilegales, el programa permite a los inmigrantes elegibles de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela vivir y trabajar en EEUU legalmente bajo una autoridad de inmigración humanitaria conocida como libertad condicional.
La administración Biden ha argumentado que el programa, junto con el aumento de las expulsiones de inmigrantes que intentan entrar ilegalmente permitirá que EEUU gestione mejor los flujos migratorios históricos registrados a lo largo de la frontera sur en los últimos dos años.
Desde que se anunciaron las medidas a principios de enero, el promedio diario de migrantes detenidos después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México sin permiso legal se ha reducido en más del 40 %, según estadísticas internas del gobierno.
Pero la coalición de estados encabezada por la Florida alegó en su demanda que la política de patrocinio amplía ilegalmente el alcance de la autoridad de libertad condicional, que argumentaron solo puede usarse en casos extraordinarios.
Los estados también dijeron que los funcionarios deberían haber permitido que el público comentara sobre el programa antes de implementarlo.
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