Existe una notable relación entre las estigmatizaciones o discursos degradantes que se dan desde distintos medios afines al gobierno venezolanos y las detenciones por motivos políticos, sostiene un nuevo estudio de Amnistía Internacional (AI), realizado en conjunto con las ONG venezolanas Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, sostuvo este jueves en la presentación virtual del informe - titulado 'Represión calculada'- que la “política de represión” del gobierno venezolano tiene como “base fundamental” esta estigmatización.
“Entre los principales hallazgos encontramos que para ciertos periodos bajo análisis de los dos mecanismo de represión, por un lado las estigmatizaciones y por otro las detenciones arbitrarias por motivos políticos, se usaron de forma coordinada”, indicó.
El reporte señala que la correlación general entre ambos mecanismos en 2019 fue de un 29%, en el 2020 aumentó al 42%, para posteriormente llegar a la primera mitad de 2021 a un 77%. Esto significa, explica el texto, que tres de cada cuatro estigmatizaciones eran seguidas de detenciones arbitrarias.
El informe, agregó Guevara, también analiza los medios usados como “herramientas de estigmatización”.
“Nuestra investigación encontró que en el 2019 y el 2020 la mayor correlación entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones se da cuando los ataques provienen de [el programa] 'Con el Mazo Dando' y [del portal web] Misión Verdad; mientras que la primera mitad de 2021 los principales agentes de estigmatización son estos medios conocidos como Zurda Conducta y Lechuguinos”, detalló.
El día de ayer el presidente Nicolás Maduro felicitó al programa ‘Con el Mazo Dando’, transmitido por el canal oficial VTV y conducido por el diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, por su octavo aniversario. "Siempre en defensa de la verdad de la Patria y de la Revolución", indicó el mandatario.
Esta correlación es también estrecha, expuso Guevara, dependiendo del cuerpo de seguridad que realiza la detención. En 2019, indica el análisis, la correlación con organismos de inteligencias fue de 74%, en 2020 con cuerpos de seguridad dependientes de la policía nacional fue de 92% y entre enero y junio de 2021 también de 92% con distintos cuerpos policiales.
Ante estos hallazgos, la directora regional de Amnistía Internacional sostuvo: “Esta coordinación sin duda alguna es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución que debe ser investigado por la justicia internacional”.
“No son hechos aislados”
Este informe sirve para constatar cómo la estigmatización “ha sido la base para sustentar toda la política de represión, criminalización y control social que se ha venido desarrollando en Venezuela”, señaló Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), durante la presentación
“La consecuencia de estos discursos es la materialización de agresiones de carácter más violento”, agregó Romero.
La abogada puso como ejemplo el caso de la organización FundaRedes, la cual el año pasado se enfrentó a lo que describió como una campaña de estigmatización que derivó en la detención de tres de sus activistas, incluido su director, Javier Tarazona, quien sigue tras las rejas.
Por su parte, Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, afirmó que el análisis demuestra que “no se trata de hechos aislados”.
“No son hechos desvinculados los unos de los otros, sino que por el contrario responden a una política -quizá no formalmente declarada pero sí materialmente vigente- de Estado según la cual desde la estigmatización, que es la causa, tiene que venir una consecuencia”, apuntó.
Además, comentó Himiob, sugiere que se proceda a la investigación de actos de represión por motivos políticos que “van más allá de los ejecutores inmediatos, es decir, los que están por encima de esa ejecución inmediata”.
Entre las recomendaciones que arrojó el informe está uno a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de incluir en su investigación formal abierta el año pasado sobre Venezuela la situación expuesta en este nuevo informe y a la comunidad internacional, sostener y fortalecer, tanto financiera como políticamente, el apoyo a la CPI.
El gobierno venezolano sostuvo recientemente, durante la presentación del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su compromiso por los derechos civiles y políticos de los venezolanos.
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