Cuando a fines de enero la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó casi por unanimidad que el tiempo de diálogo había terminado en Venezuela para el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el nuevo representante del presidente interino Juan Guaidó no estuvo en la mesa.
El nombramiento en enero del abogado constitucionalista Gustavo Tarre Briceño como "representante especial" de Venezuela en la OEA no se ha concretado hasta ahora, reflejando uno de los desafíos legales que encara un eventual proceso de transición pese al respaldo internacional.
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Venezuela es signataria de la carta de la OEA desde que fue adoptada el 30 de abril de 1948. En diciembre de 1951 ratificó el documento.
La crisis política, económica y social que vive la nación y sus implicaciones legales se agravaron después que Maduro asumió un segundo mandato el 10 de enero, pese al rechazo que recibió dentro y fuera del país tras las elecciones de mayo de 2018 que fueron catalogadas de "fraudulentas".
La juramentación de Guaidó como presidente interino el 23 de enero y el respaldo de organismos como la OEA y de naciones como EE.UU., la mayoría de los países de la región y Europa puso más presión a Maduro, pero las medidas hasta ahora tienen un alcance más simbólico que práctico.
Consultado por la Voz de América acerca de cuándo finalmente podrá tomar su asiento en la OEA, Tarre Briceño respondió: "Es el problema jurídico que estamos superando y hay que esperar una reunión del Consejo Permanente y hay quien dice que (hay que esperar otra reunión) de la Asamblea General".
No obstante aclaró que ya "han empezado a trabajar" para coordinar con anticipación la eventual realización de elecciones en Venezuela. "El mandato constitucional para el presidente Guaidó es convocar elecciones y ese mandato ya lo estamos empezando a trabajar", dijo el diplomático.
Cuándo y cómo avanzará este proceso es una incógnita que podría comenzar a aclararse si se concreta la salida de la representación de Maduro ante la OEA , que fue solicitada por él mismo en abril del 2017.
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¿Dos procesos paralelos?
Maduro determinó el 27 de abril del 2017 renunciar a la OEA, una decisión que hizo explícita a través de una carta firmada por él y entregada por una representante de su gabinete a Almagro en Washington.
La decisión fue la catarsis de Maduro y el resultado de su amargo vínculo con países miembros de la OEA, mayormente críticos de su desempeño, y que terminaron desconociendo su segundo mandato y acogiendo a Guaidó como legítimo líder interino del país.
Previo a su decisión, la mayoría de los Estados miembros había votado a favor de convocar una reunión de cancilleres para analizar la situación de Venezuela a la que Caracas se oponía.
"En mi condición de Jefe de Estado (...) me dirijo a usted con el propósito de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo de Venezuela de esta organización", dice el texto.
En su carta, Maduro acusa a Almagro de haber usado los recursos del organismo para una "puesta es escena", aludiendo a las acciones del organismo respecto a su mandato: "Ha ejercido usted, Sr. Luis Almagro, la peor de las actuaciones jamás conocida en la historia de esta organización".
La OEA hizo acuse de recibo, pero recordó entonces que no era cuestión de un día sino de dos años y que en ese tiempo Venezuela debía continuar cumpliendo sus obligaciones con el organismo.
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Para contrarrestar a Maduro, uno de los primeros pasos de Guaidó, -quien es también líder de la Asamblea Nacional de mayoría opositora-, fue justamente negarse a la salida de Venezuela de la OEA.
Luego nombró a Tarre Briceño ante el organismo el 22 de enero pasado. La oposición venezolana estimó entonces que la salida de la OEA impuesta por Maduro era "jurídicamente inexistente".
La OEA le dio la bienvenida a Tarre Briceño pero sigue sin aclarar cómo o cuándo ocupará su puesto.
Lo que sí es claro es que la salida propuesta por Maduro es inédita. En diferentes momentos de la historia, países como Cuba (1962) y Honduras (2009) fueron suspendidos del organismo.
Los dos años estipulados por la OEA para la salida solicitada por Maduro estarían llegando a su fin en abril próximo.
Y Almagro ha sido claro con Maduro: "El usurpador, el gobierno ilegítimo, debe irse, no debe traer más muerte a su pueblo, no debe traer más miseria a su gente. Eso es lo mejor que puede hacer, es lo más inteligente, es lo más decente dentro de la indecencia de su ilegitimidad y de sus crímenes".
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