El fiscal general venezolano nombrado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, indicó este martes que los miembros de la ONG FundaRedes fueron detenidos por “realizar acusaciones públicas sin ningún fundamento que incitan al odio y comprometen gravemente la paz de la República”.
Se trata del director de la ONG Javier Tarazona, José Rafael Tarazona, Omar de Dios García, detenidos el pasado viernes 2 de julio en el estado Falcón, a unos 450 kilómetros de la capital venezolana.
En declaraciones transmitidas por el canal oficial, Saab indicó que Javier Tarazona denunció "sin presentar siquiera una sola evidencia” que “existía una relación directa entre el Estado venezolano, las instituciones venezolanas, y grupos irregulares colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.
En estas declaraciones recientes, explicó Saab, también habría señalado “supuestas relaciones comerciales del Estado con estos grupos delictivos” en actividades como la minería, además de la presunta presencia del ELN en 21 entidades del país.
“Son cosas muy delicadas. No se está hablando de una simple, vamos a decir así, información o denuncia sobre temas caseros o cotidianos”, indicó Saab.
Ratificó que los delitos de los que se les acusa son “promoción del odio, traición a la patria y terrorismo” y que su centro de reclusión se encuentra en Caracas.
Saab aseguró que en las primeras experticias realizadas a sus teléfonos, “se ha evidenciado que las acciones realizadas por los representantes de esta ONG son orquestadas por agentes externos que persiguen la desestabilización del Estado venezolano”.
La detención de los miembros de esta organización, que siguió de cerca la situación en el estado fronterizo de Apure durante los enfrentamientos entre las autoridades venezolanas y grupos armados irregulares, ha generado el rechazo de organizaciones nacionales e internacionales.
Tan solo el día de ayer (5 de julio), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que su detención era un “ejemplo preocupante” a las restricciones del espacio cívico en el país.
Además, la Comisión Interamericana de DD.HH., quien ya le había dado una medida cautelar a Tarazona y su familia en 2020, también expresó su “preocupación” por la detención y pidió al Estado venezolano “proteger y respetar la vida, integridad, y las garantías judiciales mediante el debido proceso”.
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