A través de un comunicado, el Gobierno de Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, aseguró que al concretar el 50% del pago necesario para adquirir vacunas a través del mecanismo COVAX, “queda en evidencia que las sanciones no impiden la compra de vacunas contra el COVID-19”.
“Han sido usadas como excusa para justificar su fracaso frente a la crisis” añade el texto.
Además, reitera el “compromiso” en realizar gestiones necesarias ante organismos nacionales e internacionales para que el plan de vacunación y “la correcta distribución de la vacuna contra la COVID-19 se lleven a cabo, y que los recursos solicitados por la legítima Asamblea Nacional y el Gobierno Encarfado se encuentran disponibles para ser utilizados en pro de la atención de los venezolanos en medio de la pandemia”.
“Por la vía de los hechos el régimen reconoció lo que siempre sostuvimos: no hay ningún bloqueo ni sanciones que impidan adquirir las vacunas, su intención es como siempre confundir y chantajear. La dictadura tenía recursos y no los quería invertir en la vida de los venezolanos”, escribió posteriormente Guaidó en su cuenta en Twitter.
“La dictadura perdió tiempo que significaron vidas en Venezuela. La propia vocera del régimen hoy reconoce que el año pasado habían aceptado el ingreso de nuestro país al mecanismo COVAX, pero prefirieron retrasar lo que es una urgencia para mentir y engañar”, continuó.
La reacción surgió luego de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunciara que tras el pago de 64 millones de dólares, a través de COVAX el país tendrá acceso a más de 11 millones de vacunas para inmunizar al 20% de la población, aunque no precisó a partir de cuando.
“Los otros 60 millones de dólares requeridos para el mecanismo COVAX ya están garantizados y en su oportunidad cuando corresponda Venezuela también va a cancelar ese monto tan necesario”, dijo.
El mecanismo COVAX, coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene como objetivo asegurar que todos los países tengan acceso rápido y equitativo a las vacunas para combatir el COVID-19.
El médico infectólogo Julio Castro, miembro de la Mesa Técnica para acceso a COVAX, ratificó el compromiso del sector académico para lograr que se lleve a cabo un proceso de vacunación que cumpla con “normas humanitarias”.
“Que el país tenga acceso a las vacunas contra la COVID-19 es una prioridad. Es urgente que se consolide un Plan de Vacunación, con asesoría de todos los sectores, academias, ONG, sector empresarial, voluntariado etc. Es necesario frenar el sufrimiento del país”, escribió en su cuenta en Twitter.
La ONG Médicos Unidos Venezuela, se pronunció para exigir un plan de vacunación “serio, transparente y verificable que garantice acceso a todos los venezolanos sin distinción y buen uso”.
En tanto, diversos sectores rechazaron lo que califican de “discriminación”, luego de que se conociera sobre una jornada de vacunación para 500 adultos mayores con el denominado Carnet de la Patria, considerado como un mecanismo de control social por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La actividad inició el viernes, luego de que en un hospital de la capital venezolana fuera suspendida una jornada de vacunación de decenas de trabajadores sanitarios que siguen sin recibir alguna de las 800.000 vacunas que han llegado al país, a pesar de que personas no consideradas prioritarias ya las han recibido.
Según el Gobierno, al menos 200.000 trabajadores sanitarios han sido inmunizados.
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