Como consecuencia de los enfrentamientos registrados el fin de semana entre la Fuerza Armada Nacional de Venezuela (FAN) y grupos irregulares colombianos en el estado Apure, “centenares de familias” fueron desplazadas forzosamente a territorio colombiano, denunció Gabriela Arellano, diputada de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento presidido por Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente.
“Desde esta zona en territorio venezolano hacia el municipio Arauquita, en el departamento de Arauca de Colombia. Allí han sido recibidos por los organismos, de las Fuerzas Armadas colombianas y organismos locales, donde el incremento de desplazamiento forzoso de niños, de mujeres embarazadas, de ancianos que dejan todos sus enseres, su hogar, huyendo”, explicó Arellano.
La Defensoría del Pueblo de Colombia ya había informado que brindará “acompañamiento” a las más de 600 personas que buscaron refugio. Sin embargo, esta madrugada, la Cancillería colombiana se refería a la situación y hablaba de "más de 3.100 personas han tenido que desplazarse de manera forzada para encontrar protección".
Al respecto, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, dijo que en esta ocasión los venezolanos no salieron huyendo del hambre, “sino de la violencia”.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch, se pronunció sobre los acontecimientos.
“Mi preocupación por los más de 3.000 venezolanos que han llegado a Arauquita (Colombia) huyendo de enfrentamientos entre militares venezolanos y las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Estamos monitoreando la situación. La dictadura y los grupos armados deben respetar a la población civil”, escribió en su cuenta en Twitter.
“Alianza estratégica”
La diputada Karim Vera ratificó denuncias de organizaciones no gubernamentales que aseguran que el Gobierno de Nicolás Maduro “ha cedido de manera sistemática el dominio de los territorios fronterizos venezolanos” a grupos irregulares colombianos como el ELN y las FARC.
“La cesión del territorio a grupos guerrilleros en la frontera con el único fin de servir de cordón de seguridad al régimen de Maduro y por supuesto fomentar cualquier acto delictivo en la zona que permita generar ingresos millonarios que son distribuidos entre estos grupos criminales y las Fuerzas Armadas”, subrayó Vera.
Javier Tarazona, director de la ONG Funda Redes, afirmó el lunes que la actuación militar estuvo orientada hacia un grupo disidente que no siguen la línea de los comandantes de las FARC Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes abandonaron el acuerdo de paz firmado en La Habana y que, según dice, “son asociados” a quienes “ostentan el poder” en Venezuela.
“Este ataque responde a una acción focal, sólo con grupos que no están aliados con quien hoy ostenta el poder en Venezuela (…) hoy el ELN sigue comandando y dirigiendo en esa zona donde hubo combate las operaciones, hoy las FARC de Iván Márquez y de Jesús Santrich siguen dirigiendo actividades terroristas en territorio venezolano”, reiteró.
Freddy Superlano, miembro de la Comisión Delegada opositora, aseguró que la situación que se vive en la frontera “es producto de una alianza estratégica, política, comercial y delictiva entre la dictadura y estos grupos irregulares.
“Hacemos formal la denuncia ante los órganos competentes internacionales, para que todos aquellos que están inmersos en esta violación sistemática de los derechos humanos y en el constante delito flagrante que allí se practica, tengan que hacerse responsable”, manifestó.
En un comunicado divulgado el lunes, el Ministerio de Defensa aseguró que mantienen una política de “cero tolerancias” contra grupos delincuenciales y ratificó su compromiso de continuar combatiendo “delitos transnacionales” que pretendan ser llevados a cabo en territorio venezolano.
