Los problemas legales del expresidente Donald Trump siguen en aumento.
El lunes, los fiscales del estado de Georgia, en el sur de Estados Unidos, dieron a conocer una nueva acusación contra el expresidente Donald Trump y otras 18 personas, relacionada a sus esfuerzos para anular su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden.
Esta es la cuarta acusación contra Trump en menos de cinco meses: dos a nivel estatal y dos a nivel federal. El exmandatario ahora enfrenta 91 cargos penales, que van desde la falsificación de registros comerciales en Nueva York hasta intentar subvertir las elecciones presidenciales de 2020.
En el ámbito legal, una acusación es un documento emitido por un gran jurado, conocido como indictment en inglés, que señala a una persona como presunta responsable de un delito.
Muchos de los cargos conllevan fuertes sentencias de prisión de 10 a 20 años para el culpable. Trump, de 77 años de edad, podría pasar el resto de su vida en prisión si es sentenciado y declarado culpable de uno o más cargos.
“A su edad, cualquier condena de cualquier cargo podría ser una sentencia terminal”, dijo Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington, en una entrevista reciente con la Voz de América.
Pero una condena no es una conclusión inevitable. E incluso si lo es, podría recibir un indulto presidencial o que su sentencia sea conmutada por alguna forma de castigo menor.
Es válido recordar que en el caso de Donald Trump, se le imputan cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial, y conspiración contra los derechos de los ciudadanos.
El republicano se ha declarado inocente en los tres casos anteriores en Nueva York, Florida y Washington, y tiene hasta el 25 de agosto para presentarse ante las autoridades de Georgia.
Los problemas legales de Trump no han hecho mella en su dominio como favorito para la nominación presidencial republicana. Pero con al menos dos juicios penales que se avecinan el próximo año, estos probablemente arrojarán una larga sombra sobre su carrera presidencial, así como en los titulares de las noticias.
A continuación, un vistazo a las cuatro acusaciones contra Trump.
Pago de dinero por silencio
Anunciado en marzo, este caso convirtió a Trump en el primer y único expresidente estadounidense en ser acusado de delitos.
El 30 de marzo, un gran jurado de Manhattan lo acusó de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en relación con el pago de una estrella de cine para adultos en 2016.
En una escena sin precedentes, Trump se entregó a las autoridades cinco días después y fue procesado en un juzgado de Manhattan.
Sus abogados intentaron trasladar el caso de la corte estatal de Nueva York a la corte federal, argumentando que su supuesta conducta en el caso estaba relacionada con sus deberes oficiales como presidente. Pero en julio, un juez federal rechazó el argumento y preparó así el escenario para un juicio en un tribunal estatal. El mismo está previsto para el 25 de marzo de 2024.
Documentos clasificados
Presentado por el abogado especial Jack Smith, este caso marcó la primera acusación federal a un presidente estadounidense, en ejercicio o tras culminar su mandato.
El caso surgió de la investigación de meses de Smith sobre el manejo de documentos secretos gubernamentales por parte de Trump, después de que dejó la Casa Blanca en enero de 2021.
El 8 de junio, un gran jurado en Miami acusó a Trump de 37 delitos graves, incluidos 31 cargos de retención ilegal de información de defensa nacional y un cargo de conspiración para obstruir la justicia. Su ayudante personal, Walt Nauta, también fue acusado. Trump fue procesado el 13 de junio.
A fines de julio, los fiscales dieron a conocer tres cargos adicionales y agregaron otro coacusado al caso: el trabajador de mantenimiento de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira.
Entre los nuevos cargos, Trump y sus dos ayudantes están acusados de pedirle a otro empleado que “borrara las imágenes de la cámara de seguridad en el Club Mar-a-Lago para evitar que fueran proporcionadas a un gran jurado federal”.
Trump se ha declarado inocente de los nuevos cargos.
El juicio en el caso está programado para comenzar el 20 de mayo de 2024 en Fort Pierce, Florida.
La fecha del juicio, fijada por la jueza federal de distrito Aileen Cannon, fue un compromiso entre la solicitud de los fiscales de programar el juicio para diciembre y la solicitud de Trump de posponerlo hasta después de las elecciones presidenciales.
Elecciones 2020
En lo que muchos ven como el caso históricamente más importante contra Trump, esta acusación federal se centra en los supuestos esfuerzos del expresidente para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
El 1 de agosto, Smith emitió una acusación de cuatro cargos acusando a Trump de tres cargos de conspiración y un cargo de obstrucción en relación con el plan.
La acusación se deriva de la investigación masiva del Departamento de Justicia de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EEUU por parte de una multitud de partidarios de Trump.
En esta imputación, se destaca la supuesta planificación organizada de Trump y sus aliados para evitar la certificación de los votos electorales en enero de 2021.
El 3 de agosto pasado, el expresidente compareció en Washington ante un juez federal, quien dio a los fiscales una semana para proponer la fecha del juicio. En una presentación posterior, los fiscales propusieron el 2 de enero de 2024 como la fecha de inicio del juicio de Trump.
La semana pasada, la jueza federal que supervisa el caso, Tanya Chutkan, emitió una orden de protección que prohibía a Trump hablar públicamente sobre materiales "sensibles" entregados a la defensa. Chutkan fijó audiencia para el 28 de agosto para establecer la fecha del juicio.
Trump se ha quejado de que no puede tener un juicio justo en Washington, una ciudad de tendencia demócrata.
Un juez tendría que aprobar una solicitud de cambio de sede, pero todavía no está claro si esto sería concedido.
Interferencia electoral de Georgia
Anunciados el lunes, los cargos en este caso surgieron tras la investigación de un año realizada por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, sobre los esfuerzos de Trump y sus aliados para revertir los resultados de las elecciones de Georgia de 2020.
La investigación fue desencadenada por una llamada telefónica de alta connotación el 2 de enero de 2021 entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que Trump le pidió a Raffensperger que lo ayudara a "encontrar" los votos que necesitaba para ganar el estado.
La investigación se amplió a medida que fueron examinados los supuestos esfuerzos de los partidarios de Trump señalando una lista de electores falsos en las elecciones presidenciales, hacer afirmaciones sin fundamento sobre el fraude electoral ante la legislatura de Georgia, hostigar a los trabajadores electorales y robar datos de equipos electorales.
La acusación de 41 cargos se destaca de las otras tres contra Trump, ya que nombra a 19 coacusados, incluido el expresidente, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows, los abogados Rudy Giuliani y John Eastman, y 30 co-conspiradores no acusados.
La acusación de 97 páginas responsabiliza al grupo de conspirar para participar en una “organización criminal” para mantener a Trump en el poder.
Trump está acusado de 13 cargos en ese caso. Y aunque no todos los acusados enfrentan los mismos cargos, todos están acusados de violar la Ley de Organizaciones Mafiosas y Corruptas de Georgia, conocida como Ley RICO.
En caso de ser declarados culpables del cargo de extorsión, Trump y sus coacusados podrían enfrentar entre cinco y 20 años de cárcel.
Willis dijo el lunes que intentará juzgar a los 19 acusados juntos.
Implicaciones para la candidatura presidencial
Aunque el resultado de los cargos sigue siendo incierto, existe un consenso entre los expertos legales de que, incluso si es declarado culpable, Trump aún puede postularse para presidente.
La Constitución de Estados Unidos establece tres requisitos clave para los candidatos presidenciales: deben ser ciudadanos estadounidenses por nacimiento, tener al menos 35 años de edad y ser residentes de EEUU durante no menos de 14 años. Sin embargo, la Constitución no hace mención sobre la cuestión de los antecedentes penales o las condenas de los candidatos.
Eso significa que Trump podría postularse para presidente como un delincuente convicto o incluso tras las rejas, como lo hizo hace más de un siglo Eugene V. Debs, un candidato presidencial que representaba al Partido Socialista.
