La pandemia puso en evidencia y recrudeció la falta de garantías en temas de derechos humanos en Latinoamérica, con gobiernos en algunos países usando como excusa el COVID-19 para reprimir y cortar aún más la libertad de expresión, indican expertos.
El malestar social que desató decenas de protestas en países como Colombia, Chile o Bolivia en el 2019 no desapareció y se sumó al memorial de agravios la falta de una estrategia adecuada para satisfacer las necesidades de la población una grave crisis económica y de salud, dijo a la Voz de América Erika Guevara-Rosas, directora para las América de Amnistía Internacional.
“La principal amenaza [a los Derechos Humanos en Latinoamérica] es la evidente incapacidad de los gobiernos para dialogar con sus ciudadanías”, dijo Guevara-Rosas y añadió que “la gran mayoría” de la respuesta estatal a las demostraciones ha sido la represión violenta.
Venezuela y Nicaragua, dos países que desde hace más de dos años atraviesan una profunda crisis política y social, son los ejemplos más extremos del actuar desproporcionado de las fuerzas del estado contra la disidencia ciudadana.
En Nicaragua, la criminalización de la protesta ha tenido como consecuencia que más de 1.600 personas hayan sido privadas de su libertad desde el 2018 —el año en que comenzaron las protestas contra el gobierno—, según un informe de la CIDH.
Venezuela, por su parte, la disidencia política se ha visto perseguida desde el 2014, con más de 400 prisioneros políticos en el país, según la organización Foro Penal. Bajo la excusa del COVID-19, el gobierno aprovechó para imponer medidas de mano dura contra periodistas, abogados de derechos humanos y opositores, según un reporte del organismo Humans Right Watch.
En Suramérica también, la ola de protestas en Perú en contra del poder político es el ejemplo más reciente de la represión policial ante el descontento de los ciudadanos. Los enfrentamientos, a principios de noviembre desencadenados por la destitución del entonces, presidente Martín Vizcarra, dejaron por lo menos 60 personas hospitalizadas y dos muertos.
Colombia también fue escenario de manifestaciones en septiembre, en este caso en contra del gobierno de Iván Duque y en rechazo a la muerte a manos de la policía de un hombre en Bogotá. Más de 20 personas murieron en los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los civiles.
La pandemia ha exacerbado el malestar, explicó Guevara-Rosas, porque por un lado “las respuestas de los gobiernos han sido insuficientes para atender las necesidades más apremiantes” y por otro lado se han tomado “medidas represivas (…) contrarias a los derechos humanos”.
“De ninguna manera la pandemia puede ser usada como una excusa para seguir silenciando las voces de las personas demandando una rendición de cuentas”, aseguró la abogada.
Gerardo Berthin, director de los programas para Latinoamérica y el Caribe de la organización de Freedom House, concuerda con Guevara-Rosas en que la pandemia ha subrayado debilidades que ya existían en la región, en especial “la desigualdad a todo nivel: económico, político y social”.
Confinamientos forzosos para detener propagación del COVID-19
Guevara-Rosas se refirió a países de la región como Venezuela, El Salvador y Paraguay, cuyos gobiernos fueron más allá, hasta ordenar confinamientos forzosos con la excusa de detener la propagación del COVID-19.
“En El Salvador, más de 1.600 personas [estuvieron] detenidas en centros de confinamiento estatal que no cumplían con las condiciones”, explicó la defensora de los derechos humanos. El gobierno de Nayib Bukele impuso una cuarentena obligatoria de 30 días en marzo y, quienes violaran la medida, fueron detenidos y encerrados en “centros de contención”.
Tanto Amnistía Internacional como Human Right Watch denunciaron las normas impuestas por Bukele en la pandemia, acusándolo de violar los derechos humanos.
Por su parte, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, impuso una norma similar, en este caso para los venezolanos que, ante la precaria situación económica derivada de la pandemia, decidieron volver a su país de origen.
“Las personas no contaban con acceso a agua potable, asistencia médicas y los centros estaban prácticamente militarizados (…) lo que implicaba medidas represivas si las personas intentaban huir”, señaló Guevara-Rosas.
Violencia generalizada y feminicidos
La pandemia no detuvo los asesinatos en Latinoamérica, la región más violenta del mundo. Como explicó a la VOA Bertin, “[América Latina] tiene el 8% de la población mundial y el 33% de los homicidios”.
Tanto en El Salvador como en Colombia, grupos armados (pandillas o guerrillas) impusieron en algunos territorios sus propios toques de queda, amenazando de muerte a las personas que salieran a partir de cierta hora. Los asesinatos de líderes sociales en Colombia, además, no dieron tregua en el 2020, con 251 víctimas durante el año, dejando un promedio de seis homicidios por semana, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
En México, ya para el mes de septiembre se había roto el récord de homicidios anuales, con 32,882 víctimas, un aumento en comparación con la cifra total del 2019. Ciudades norteñas como Culiacán, en el estado de Sinaloa, se registró un número de asesinatos no visto en ocho años, según medios locales.
Dentro de esas cifras está una realidad urgente en la región y que ha generado un fuerte movimiento social: el feminicidio y la violencia contra la mujer, que se recrudecieron durante la pandemia.
Aunque aún no hay cifras totales de final de año, los datos son desgarradores. Por dar algunos ejemplos: en Brasil, los feminicidios en Brasil aumentaron un 22 por ciento en marzo y abril, en comparación con el mismo período del año pasado; en Colombia, durante los cuatro meses de cuarentena, se registraron 234 asesinatos y en México 2.240 mujeres fueron asesinadas durante los nueve primeros meses del año.
Como explicó Guevara-Rosas, muchas de las medidas que los gobiernos tomaron, en especial las cuarentenas, exacerbaron las condiciones para que se generara la violencia de género. “Se confinaban las mujeres con los perpetradores de la violencia”, aseguró la jurista.
