El estado de Washington interpuso el martes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para tratar de frenar su práctica de detener personas en tribunales por violaciones de inmigración, con el argumento de que la medida interfiere con la autoridad de estatal para operar su propio sistema judicial y que pone en riesgo la seguridad pública.
La querella entablada en una corte de distrito en Seattle señala que cuando los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) vigilan los pasillos y estacionamientos de los tribunales, desalientan a las víctimas de delitos y testigos e interfieren con los procesos penales.
Entre los cientos de personas que han sido arrestadas recientemente en tribunales de Washington, se incluye a víctimas de agresión y de violencia doméstica que buscaba una orden de protección, así como un hombre con hijos de nacionalidad estadounidense y con una solicitud pendiente de residencia legal permanente, señaló el secretario de Justicia del estado, Bob Ferguson, en una conferencia de prensa.
“Las autoridades federales de inmigración detienen a personas que no tienen antecedentes criminales. Detienen a gente que paga multas de tránsito. Detienen a personas que son víctimas de delitos”, comentó Ferguson. “Como resultado, y no es nada sorprendente, los individuos se niegan a participar en nuestro sistema de justicia”.
Una demanda similar presentada en Massachusetts resultó en una orden preliminar que impedía a los agentes de inmigración realizar detenciones de civiles, una decisión que Ferguson describió como una “guía” para el caso de Washington. El gobierno de Trump ha apelado ese fallo.
La denuncia en Washington aumenta las tensiones entre las autoridades estatales y federales sobre la aplicación de las leyes de inmigración. Las autoridades federales han insistido que las políticas “santuario” estatales y locales que limitan la cooperación con los agentes de inmigración son un riesgo a la seguridad pública debido a que dificultan la deportación de criminales peligrosos.
Los fiscales federales de Massachusetts acusaron recientemente a un juez estatal de obstrucción de justicia por permitir que un imputado evadiera a las autoridades migratorias, dejándolo escapar por la puerta trasera del juzgado. En un comunicado enviado por correo electrónico el martes por la portavoz Tanya Roman, el ICE manifestó que “continuará llevando a cabo su misión de defender la seguridad pública y aplicar las leyes de inmigración, y considerará cuidadosamente si se debe remitir a un proceso penal a aquellos que obstruyan con nuestras labores de aplicación de la ley”.
“Es irónico que funcionarios electos quieran implementar políticas para mantener al ICE fuera de los tribunales, mientras se preocupan poco por las leyes promulgadas por el Congreso para mantener a delincuentes extranjeros fuera de nuestro país”, señaló.