La deserción de cerca de 1.000 ex miembros de la Fuerza pública de Venezuela, registrada a finales del mes de febrero en la frontera entre el departamento de Norte de Santander en Colombia y el Estado Táchira en Venezuela, ha llevado a que se generen cuestionamientos acerca de la labor de Agencias internacionales que han estado trabajando en el proceso de asistencia para refugiados venezolanos.
Este grupo en particular donde hay unos 400 miembros de sus familias, de acuerdo a Cancillería Colombia, están bajo la custodia de la Fuerza Pública colombiana, y tras llegar a su territorio en busca de protección, entregaron su armamento y uniformes. En el proceso cesarán cualquier tipo de actividad militar, según las autoridades colombianas.
Durante este proceso la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) ha estado prestando apoyo técnico en el proceso de asilo, mientras las autoridades migratorias colombianas confirman que adelantaron entrevistas con ellos y sus familiares así como indicaron que se les han otorgado servicios médicos básicos, consejería legal, alojamiento transitorio y alimentación.
Aún así, recientes acusaciones publicadas en medios de comunicación, en las que se denuncian supuestos maltratos contra los militares venezolanos a cargo de directivos de ACNUR en Cúcuta, donde están los uniformados, han puesto a la Agencia de Refugiados de la ONU bajo la mirilla.
Según el periódico venezolano El Nacional, un grupo de militares y policías venezolanos denunciaron supuesto abandono por parte de las autoridades colombianas luego de que el representante de ACNUR en Cúcuta les informara que tendrían un plazo de tres días para abandonar el refugio en el que se encuentran.
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La Voz de América contactó al vocero de ACNUR para la situación de Venezuela, William Spindler quien por medio de un comunicado explicó al respecto que ACNUR “brinda asistencia humanitaria para cubrir las necesidades más inmediatas de personas venezolanas” según unos criterios predeterminados.
La asistencia, agregó el vocero, “es limitada en el tiempo y depende de la disponibilidad de recursos materiales y financieros”.
Actualmente ACNUR está en busca de $134 millones de dólares para financiar este año su labor de apoyo a refugiados venezolanos. Trabajo que, según Spindler, se da en colaboración con los gobiernos de los países receptores.
Las normas internacionales estipulan que son “los estados los responsables del reconocimiento de la condición de persona refugiada” al igual que de “coordinar la respuesta de protección y asistencia”, dijo Spindler.
Esto, aplicado al caso de Colombia, significa que son las autoridades de este país las que reciben y evalúan las solicitudes de refugio y quienes “tienen la responsabilidad de brindar asistencia”, explicó el vocero y aclaró que lo que hace ACNUR es “proporcionar asistencia técnica y asesoramiento” al país.
La Agencia ha registrado 375.000 solicitudes de asilo de venezolanos entre 2014 y 2018 según cifras de ACNUR.
Las acusaciones y cuestionamientos acerca de la condición de los militares y el papel de ACNUR, generó también la respuesta de la Cancillería de Colombia que por medio de un comunicado explicó que el gobierno está trabajando con el Embajador en Colombia “designado por el Presidente Encargado Juan Guaidó en la identificación de medidas que permitan ofrecer soluciones de mediano plazo a los miembros de este grupo de personas”.
Frente a la situación de vivienda temporal el gobierno colombiano confirma que se mantendrán las condiciones de alojamiento y alimentación transitorias, en los lugares donde han estado estos militares desde su llegada a Colombia.
ACNUR también ha sido el objeto de Fuertes acusaciones desde Venezuela, por parte de Freddy Bernal, quien fue asignado por Nicolás Maduro para dirigir las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES en el Estado fronterizo de el Táchira y quien ha afirmado públicamente que esta agencia de la ONU está financiando a los militares que han llegado a Colombia, tras cruzar la frontera Colombo Venezolana, para pedir asilo.
Hasta el momento Bernal no ha presentando ningún tipo de evidencia que pueda respaldar estas acusaciones que se unen a su teoría de que Estados Unidos estaría financiando mercenarios para adelantar una ofensiva en Venezuela. Los gobiernos de estos países han negado repetidamente este tipo de acusaciones