Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el martes un reporte anual sobre la situación de violencia en su país, el cual registra un incremento significativo y "preocupante" de asesinatos de líderes sociales y activistas.
Según la ONU, los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron un 23%, comparado con el 2019, pues al menos 133 fueron asesinados en Colombia en 2020. “El aumento de los asesinatos es preocupante”, dijo De Rivero.
Aclaró que “esta cifra es representativa de los casos conocidos por la Oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo”.
No obstante, el Gobierno colombiano señaló el lunes que se han reconocido 66 homicidios y dijo que 63 más están en proceso de verificación.
En Vivo! Presentación del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los #DerechosHumanos sobre #Colombia https://t.co/JFjqQiEcFd
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) February 23, 2021
El informe también reveló que en el 2020 se cometieron 76 masacres, la cifra más alta registrada desde 2016.
"En el 2020, nuestra oficina documentó 76 masacres y seguimos documentando otros 5 casos. Estas masacres implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes", dijo la representante en una rueda de prensa virtual.
El informe anual de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Colombia también halló que la violencia es más intensa en áreas rurales, donde no hay presencia suficiente del Estado y donde los grupos armados luchan por controlar el territorio, tras la desmovilización en 2016.
"La ausencia de una presencia integral del Estado en algunas regiones del país, limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables", afirmó la representante.
Otra de las preocupaciones de la ONU es el asesinato de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, según las cuentas del organismo, se trata de al menos 248 desde la firma del acuerdo de paz.
Llamado al Gobierno
A pesar de que las Naciones Unidas resaltaron el trabajo de Colombia, a través del sistema de monitoreo de activistas para detener la violencia contra defensores de los derechos humanos y la estrategia para disminuir la impunidad, a través de la presencia de jueces itinerantes en áreas rurales, la ONU hizo un llamado al Estado colombiano para que proteja a los líderes sociales y a la población civil, y esté presente en las zonas golpeadas por la violencia.
Así mismo, instó al Gobierno a cumplir con el acuerdo de paz con las FARC.
También lea HRW Informe DDHH LatinoaméricaSegún Rivero, "acá lo más importante es poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del Gobierno, de reforzar los mecanismos creados por el acuerdo para dar respuesta a esta situación".
“El Estado colombiano tiene la capacidad de ajustar sus políticas para prevenir la violencia”, agregó la representante.
La funcionaria dijo, además, que el Gobierno debe impedir que los grupos al margen de la ley -responsables de las muertes de líderes sociales- sigan extendiéndose y crear una política pública para desmantelarlos.
En 2016, el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin a una historia de violencia de más de 50 años en el país.
Por su parte, el presidente Iván Duque ha criticado algunos puntos del acuerdo, como el sistema de justicia transicional.