La Cámara de Diputados aprobó el lunes una serie de cambios constitucionales relativos al poder judicial federal que, entre otras cosas, otorgan más poder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El partido oficialista, Morena, promotor de las reformas que fueron apoyadas por 319 votos a favor por 88 en contra, afirmó que los cambios combatirán la corrupción y el nepotismo, en beneficio de una sociedad más justa, y consolidarán a la SCJN como un verdadero Tribunal Constitucional, haciendo que su trabajo se enfoque únicamente en los asuntos más relevantes del orden jurídico nacional.
Para entrar en vigor, los cambios deberán ser aprobados por 17 de los 32 estados del país.
Según informó la cámara baja en un comunicado, entre otras cosas, la reforma amplía la facultad de promover controversias constitucionales y elimina la posibilidad de impugnar los acuerdos del presidente cuando determina desechar un recurso de revisión en amparo directo.
También lea El acceso entre México y EE.UU. seguirá restringido hasta el 21 de eneroAdemás, faculta al Consejo de la Judicatura para concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales a que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos.
Para Ana Lorena Delgadillo, directora de la ONG Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, “es importante que se empujen reformas al sistema de justicia” pero, en su opinión, la actual “no llega al fondo de lo que se requiere para que la justicia realmente sea efectiva”.
A su juicio, es importante que se combata el nepotismo pero los cambios “no tocan un tema fundamental que es el nombramiento de integrantes de la Corte o altos cargos donde se debe garantizar la independencia del poder judicial, sobre todo del ejecutivo”, máxime ahora que la SCJN concentrará más poder.
También lamentó que no se haya debatido la necesidad de recuperar el amparo como “el ‘recurso efectivo’ que exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos” dado que, en la experiencia de su colectivo, ha sido muy difícil litigar en materia de amparo para proteger a población en condiciones de vulnerabilidad, como la migrante.