La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, alertó que, desde septiembre del año pasado, su oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, incluyendo criminalización y estigmatización de activistas y medios de comunicación.
“Sigo preocupada por los enjuiciamientos de miembros de la ONG de derechos humanos FundaRedes. Su director, Javier Tarazona, sigue detenido y su salud parece deteriorarse”, comentó Bachelet el jueves al presentar la actualización oral del informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela.
La Alta Comisionada advirtió que su oficina continúa evidenciando “desafíos” al debido proceso, incluyendo el derecho a la libertad y a juicios sin demoras en Venezuela.
“De los casos decididos por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, 12 personas siguen detenidas. Reitero que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad y deben respetarse las garantías al debido proceso”, dijo.
Al instar “fuertemente” a las autoridades a construir un “entorno seguro e inclusivo” para todos los venezolanos, resaltó que, desde septiembre, su oficina ha documentado el cierre de ocho estaciones y programas de radio, presuntamente por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), instancia del Estado que regula el área.
“Además se ha bloqueado el acceso a los sitios web de al menos siete medios de comunicación. El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes y las libertades de los medios de comunicación deben ser protegidas”, expuso al reiterar su preocupación por la falta de disponibilidad de información pública.
La Alta Comisionada afirmó que, desde la presentación de su informe en septiembre del 2021, han evidenciado, por parte del Estado venezolano, “iniciativas” de reforma que “abren oportunidades para la implementación de recomendaciones de derechos humanos”.
Si bien la funcionaria observó que agentes estatales han sido condenados por al menos tres “casos emblemáticos” y lo calificó como “pasos en la dirección correcta”, advirtió que “aún queda mucho más por hacer”.
“La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la policía nacional, son pasos prometedores. En particular la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acciones Especiales”, expuso.
Bachelet aseguró que la posibilidad de un restablecimiento de las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana resulta “alentador” y los instó a comprometerse a una “negociación inclusiva y significativa, con pleno respeto a los derechos humanos y el estado de Derecho”.
“Estamos dispuestos a prestar asistencia técnica y animo a la comunidad internacional a que facilite las condiciones propicias para alcanzar y aplicar acuerdos significativos”, destacó.
Posible vuelta a la mesa de negociación
El presidente Nicolás Maduro anunció la semana pasada, horas después de un encuentro con una delegación de la Casa Blanca, que se preparan para “reactivar con mucha fuerza” el proceso de dialogo nacional con todos los factores políticos, sociales y religiosos del país.
Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, saludó el “reconocimiento” de la Alta Comisionada hacia la actuación del Estado venezolano y tomó nota de las “preocupaciones expresadas”, aunque consideró que “no se ajustan a la realidad”.
Constant sostuvo que los señalamientos negativos no tomaron en consideración la información compartida por el Estado y que ven con preocupación “la reminiscencia de elementos que instrumentalizan los derechos humanos con fines políticos”.
“Lamentamos escuchar hoy información sobre supuestas violaciones al debido proceso de ciudadanos venezolanos y otras líneas discursivas que generan dudas sobre la actuación del Estado a pesar del intercambio constante de información existente con los oficiales de la oficina en el terreno”, puntualizó, al resaltar el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos fundamentales.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, celebró que Bachelet haya incluido en su actualización oral la denuncia sobre la presencia de grupos irregulares en la frontera con Colombia.
“Eso solamente engrosa el expediente en la Corte Penal Internacional que hoy y hasta hoy no recogía del todo tanto los informes como la denuncia en la Corte”, manifestó al ser consultado en conferencia de prensa.
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