Bolivia: más control sobre prensa

Reiteradamente, Evo Morales ha calificado de enemiga a la prensa privada.

La nueva ley de telecomunicaciones confiere al gobierno y a sectores que le son afines más control sobre los medios de difusión.

La nueva ley de telecomunicaciones aprobada en Bolivia la semana pasada como parte del programa de gobierno del presidente Evo Morales sacará del aire a más de 400 radioemisoras privadas cuando expiren sus actuales licencias, según informó la Asociación Boliviana de Radiodifusoras.

Además de no renovarles los permisos de transmisión en 2017 a las estaciones radiales, la legislación establece que la participación privada en empresas de radio y televisión se reducirá obligatoriamente a sólo 33 por ciento.

El resto de las licencias se destinarán al estado (33 por ciento), y a sectores por lo general afines al gobierno, los sindicatos (17 por ciento), y las organizaciones indígenas (el 17 por ciento restante).

De acuerdo con uno de los artículos de la ley, quedan “a disposición” del Estado todos los medios de comunicación, incluidos los operadores de Internet, y se permiten las escuchas telefónicas sin que medie autorización judicial en casos en que el gobierno considere que existe “conmoción interna” o esté amenazada la “seguridad del Estado”.

En el país existen en la actualidad alrededor de 800 radioemisoras en su mayoría propiedad de la iglesia católica y que constituyen el medio de difusión de más alcance e influencia entre la población, según en Observatorio Nacional de Medios.

Una treintena de diarios y publicaciones y alrededor de 400 televisoras son privadas, y las más importantes están radicadas en Santa Cruz, el departamento que sirve de cabecera a los principales grupos de oposición al gobierno.

Sectores de la oposición han denunciado que con la nueva ley el gobierno “acaparará” el espectro electromagnético boliviano.

Desde que asumió la presidencia de Bolivia, Morales ha librado sostenidos enfrentamientos con la prensa, y en poco más de cinco años creó numerosos medios de difusión propios y aprobó regulaciones que según periodistas atentan contra la libertad de información.

Una de las regulaciones promulgadas el año pasado permite el cierre de medios de prensa que a juicio de las autoridades propalen reiteradamente opiniones y expresiones consideradas racistas y discriminatorias.