El presidente chileno Gabriel Boric se comprometió el jueves a continuar la búsqueda de poco más de un millar de desaparecidos durante la dictadura militar, aunque admitió que es improbable ubicarlos luego de 50 años del golpe que le arrebató la democracia a Chile.
La dictadura liderada por Augusto Pinochet (1973-1990), que derrocó al presidente Salvador Allende, dejó un saldo cercano a las 40.000 víctimas, según cifras oficiales de varias comisiones de la verdad. La cifra incluye a 3.095 opositores asesinados y a poco más de un millar de detenidos luego desaparecidos.
Boric señaló que su gobierno está empeñado en un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos pero reconoció que “va a ser difícil, el éxito es improbable”. Sin embargo, agregó, hay un deber moral “de no dejar jamás de buscar a quienes faltan”.
El mandatario habló desde Pisagua, 1.880 kilómetros al norte de la capital chilena, una caleta pesquera donde a mediados de 1990 fueron desenterrados de una fosa clandestina los cuerpos de una veintena de desaparecidos durante la dictadura.
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El presidente chileno Gabriel Boric enfrenta su segundo año de gobierno con crisis ministerial
Boric, acompañado de algunos familiares de desaparecidos, recorrió el lugar de la fosa donde se levanta un memorial en recuerdo de los que allí murieron. El diseño del plan de búsqueda considera la participación de familiares de las víctimas y entidades públicas.
El clima desértico del norte momificó los restos que estaban metidos en sacos, con las manos amarradas y los ojos vendados. En algunos eran notorios los impactos de las balas con las que fueron ejecutados.
Pisagua, que alguna vez fue un próspero puerto, arrastra un pasado de horrores. En tres ocasiones ha sido usado como campo de concentración. La primera fue en 1947 cuando Pinochet, que en la época era capitán, se desempeñó un par de meses como encargado del lugar, que en 1956 y tras el golpe militar de 1973 volvió a cumplir el mismo papel.
Alrededor de 1.500 uniformados fueron investigados por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos en la dictadura, algunos centenares fueron condenados por los tribunales de justicia a penas a cumplirse en libertad. Otros 129 están presos en Punta Peuco, una cómoda cárcel exclusiva para ellos. La mayoría bordea los 80 años.
Boric no descartó un posible cierre del penal al ser consultado recientemente por la prensa tras el incremento de rumores sobre su clausura, demanda que reflota ante la proximidad de septiembre cuando se cumplirán 50 años del golpe militar.
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