Una ley de inmigración que está en vigor desde el pasado 1ro. de enero en Carolina de Sur no se aplica por igual a todos los inmigrantes ilegales en ese estado del sureste de EE.UU., y hace excepciones con algunos de ellos, según cláusulas hasta ahora no divulgadas.
La legislación obliga a todos los dueños de negocios en ese estado a verificar el estatus migratorio de sus empleados mediante el sistema federal denominado “E-Verify”, excepto cuando se trate de jornaleros agrícolas, pastores religiosos, pescadores, y empleadas domésticas y niñeras.
En el caso de todos los demás trabajadores, los patronos corren el riesgo de ser multados y hasta de perder sus licencias si no reportan que los empleados que no estén legalmente autorizados para trabajar en el país.
Según el legislador que promovió la ley, el senador republicano Chip Campeen, la salvedad fue necesaria con tal de aprobar la ley, lo que según sus detractores no sólo resulta injusto con quienes no están comprendidos en las anteriores categorías de empleo, sino que además es "una hipocresía".
Entre ellos está Iván Segura, vicepresidente del Consejo de los Mexicanos en Carolina del Norte y del Sur, para quien excluir a unos trabajadores y obligar a los otros a que se les revise su estatus migratorio es un "absurdo".
En otros estados donde han sido aprobadas leyes contra los inmigrantes ilegales, como Arizona y Alabama, uno de los argumentos en contra ha sido que no hay suficiente mano de obra, salvo la de los indocumentados, para trabajar en la agricultura y hacer otras labores.
De acuerdo con el Centro Pew de los 235.000 hispanos que residen en Carolina del Sur, al menos 45.000 son indocumentados.