El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, reafirmó la necesidad de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar una crisis económica generada por la COVID-19. De acuerdo con el mandatario, la pandemia ha dado un “fuerte golpe” a la economía costarricense, al generar una “severa disminución en los ingresos del Estado para atender sus obligaciones”.
“Para tener una idea, en el 2020, los ingresos bajaron 1,2 billones de colones (aproximadamente 2 millones de dólares). Eso es cuatro veces el presupuesto completo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)”, detalló el mensaje que se difundió esta noche.
En un mensaje dirigido a la nación, Quesada explicó que tomar la decisión en este momento es urgente. “Pero si no hacemos nada, las consecuencias para el país serán muy drásticas”, agregó.
Según el mandatario la situación podría parecerse a la que ya vivió Costa Rica en la época de los 80’s cuando el precio del dólar se multiplicó por cinco, la tasa de desempleo se duplicó y la pobreza llegó hasta el 54% de los hogares del país.
En un comunicado de presidencia el gobierno apuntó que el país está en un punto crítico, pero aún es posible enderezar el camino. “Costa Rica no debe ni puede repetir esta historia. Aunque requiere decisiones difíciles, la buena noticia es que evitar una nueva crisis es posible, tomando decisiones responsables con un acuerdo balanceado para acceder a los fondos del FMI”, asegura la información.
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El gobierno destaca las favorables características del financiamiento del FMI: un préstamo importante, de 1.750 millones de dólares, con muy buenas condiciones de intereses y plazo. Asimismo, la aprobación de la propuesta enviaría una señal a los mercados de que el país tiene una ruta para recuperarse.
En el plan, presentado la semana anterior, se contempla una reducción temporal de las cargas sociales para las empresas con el fin de incentivar el empleo, la devolución del cobro del IVA de la canasta básica al 20% más pobre de la población, así como medidas para disminuir el peso del gasto público, incluyendo el rubro de remuneraciones, el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, renegociación y recorte de alquileres del sector público, la no acumulación de anualidades del 2021 al 2024 y la reducción del costo total para las arcas públicas del salario escolar, entre otras.
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