Luego de una larga jornada de negociaciones entre el gobierno y el parlamento de El Salvador, continúan los desacuerdos para la asignación de los 250 millones de dólares del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que serán utilizados en diferentes proyectos para disminuir los efectos de la pandemia.
De acuerdo al ejecutivo, de ese monto, 30 millones de dólares serán destinados al Hospital El Salvador, y contar con estos recursos garantizará el tratamiento para los pacientes diagnosticados con coronavirus.
"Claro que son importantes las explicaciones, claro que es importante el diálogo, pero, como lo repetía al final de la sesión en la comisión de hacienda, no podemos solo pasar discutiendo o solo pasar dialogando mientras las cifras de contagio siguen creciendo", dijo Alejandro Zelaya, Ministro de Hacienda, a su salida de una de las sesiones con los diputados.
También lea "La historia los juzgará": Bukele acatará sentencia de Corte Suprema sobre la reaperturaEl gobierno salvadoreño afirma que invierte aproximadamente 1 millón 400 mil dólares diarios en la atención de pacientes contagiados de COVID-19 en la fase 1 del Hospital El Salvador, que consta de 400 camas destinadas al los cuidados intensivos.
Si la recuperación ronda los 15 días, el monto se incrementa a unos 18 millones 200 mil dólares, según datos oficiales. Sin embargo, los partidos mayoritarios de oposición sostienen que la falta de transparencia y rendición de cuentas dificulta la asignación de estos fondos.
"Siempre hemos cuestionado por qué todos esos millones van para un solo hospital, porque hay 33 hospitales a nivel de la red nacional que atienden casos COVID y no se les está reforzando", comentó Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN.
Mientras que Margarita Escobar, diputada por ARENA, dice que una de las razones por las que no pasa el préstamo es que no es un "cheque en blanco".
"Si nosotros no recibimos respuestas, esto va a ser muy difícil porque, como digo, este es un dinero de endeudamiento del pueblo salvadoreño y no es un cheque en blanco al gobierno".
El gobierno salvadoreño sostiene que la falta de acuerdos en la asignación de fondos del BID, que ya fueron ratificados por el parlamento salvadoreño, retrasa la ejecución de programas para atender las necesidades de la población y la recuperación de la economía del país.