Roberto David Castillo, un ejecutivo de alto rango de una empresa hidroeléctrica, fue declarado culpable por la justicia hondureña de ser el coautor del sonado asesinato en 2016 de la líder indígena y ecologista Berta Cáceres. El veredicto se da casi tres meses después de haberse iniciado el juicio en su contra.
Según Lucía Villars, vocera del Ministerio Público, el fallo fue notificado el lunes por un Tribunal de Sentencia "por unanimidad de votos".
Aún se desconoce la pena que Castillo tendrá que purgar, ya que ésta no será dictada hasta el próximo 3 de agosto.
Berta Cáceres fue asesinada a tiros la noche del 2 de marzo de 2016 en su lugar de residencia a unos 200 km de Tegucigalpa. La activista se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, en terrenos de la comunidad Lenca a la que pertenecía, por parte del grupo Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
El entonces presidente del grupo, David Castillo, fue señalado como autor moral del crimen por la fiscalía, por la familia Cáceres y por la ONG Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), de la cual Cáceres fue la coordinadora. DESA ha rechazado siempre todas las acusaciones en su contra.
Castillo, fue detenido en marzo de 2018 y su juicio comenzó el 6 de abril. Las audiencias terminaron el lunes.
David Castillo, presidente de DESA y autor intelectual del asesinato de la líder ambientalista e indígena hondureña Berta Cáceres, a su llegada a un Juzgado para escuchar su sentencia.
Previamente en diciembre de 2019, siete hombres fueron condenados en primera instancia a penas de prisión de 30 a 50 años por el asesinato de Cáceres.
Un mayor del ejército, Mariano Díaz, un oficial de DESA, Sergio Rodríguez, y Douglas Bustillo, acusados de organizar el asesinato, fueron condenados a 30 años. Cuatro sicarios fueron condenados a 34 años de prisión por el caso de Cáceres y 16 años más por el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro, que se encontraba en su empresa.
Reacciones
En su cuenta de Twitter COPINH, la ONG que lideraba Cáceres, reaccionó al fallo asegurando era una victoria no solo para ellos como institución sino también para la comunidad indígena de la cual la activista formaba parte.
“Significa que las estructuras de poder criminal no lograron corromper el sistema de justicia”, se lee en el mensaje de la organización.
Mientras que por su parte la directora de Amnistía Internaciona, Erika Guevara-Rosas dijo que el veredicto era “un paso importante en la lucha por [la] #JusticiaParaBerta, pero también un doloroso recordatorio del atroz crimen”.
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