Mientras se acercan las elecciones presidenciales en Nicaragua, programadas para el próximo domingo 7 de noviembre, el Gobierno del presidente y candidato sandinista Daniel Ortega ha detenido a más de una docena de opositores y precandidatos, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional.
La cancillería colombiana emitió un comunicado el miércoles, en el que señala que "el pueblo nicaragüense debe tener la garantía de unas elecciones transparentes y libres, en las que se evite cualquier coerción o acción que restrinja la libre participación de los diversos actores políticos".
El Gobierno colombiano también indica en el texto que rechaza la detención de más de veinte líderes opositores en Nicaragua, entre ellos cinco candidatos presidenciales.
"Este tipo de acciones son abiertamente contrarias a la Carta Democrática Interamericana", agrega, citando especialmente el artículo primero relacionado con la promoción de la democracia.
El martes, 59 países firmaron el martes una declaración conjunta que condena la violación a los derechos humanos en Nicaragua, durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Horas antes, la organización Human Rights Watch pidió a las Naciones Unidas que jueguen un papel más activo en medio de la "campaña de violencia y represión" del Gobierno nicaragüense, durante la presentación de un informe denominado "Arremetida contra críticos", en el que señalan que "los arrestos de alto perfil y otras violaciones graves de derechos humanos contra los críticos parecen ser parte de una estrategia más amplia para eliminar la competencia política".
La cancillería chilena por su parte señaló la semana pasada que su país "condena enérgicamente la persecución penal y política desatada en contra de los precandidatos presidenciales, partidos políticos, disidentes, opositores y medios de comunicación independientes de Nicaragua".
A su vez, pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos.
En la declaración, Chile señala que "la situación actual de Nicaragua amenaza severamente la realización de elecciones libres, justas, transparentes y con observación internacional, afectando la legitimidad del proceso político en curso".
Presión de Estados Unidos
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó el martes el proyecto de Ley 'Renacer' que busca promover unos comicios "justos y libres" en Nicaragua.
“Estoy muy agradecido de que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado se reúna para enviar un mensaje alto y claro”, dijo el senador demócrata y presidente del comité, Bob Menéndez, tras la decisión.
“Habrá consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense la oportunidad de ejercer su derecho democrático más fundamental a elecciones libres y justas”, agregó el legislador.
El Departamento de Estado exigió el martes a Ortega la liberación de los opositores y expresó su preocupación por la violación de derechos humanos en el país centroamericano.
“Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar los llamamientos de los nicaragüenses a una mayor libertad o mayor rendición de cuentas, así como a elecciones libres y justas”, manifestó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado.
Argentina y México, al margen
Los gobiernos de México y Argentina, que se rehusaron a respaldar la semana pasada una resolución de la OEA contra Nicaragua, le pidieron a sus embajadores que regresen desde el país centroamericano para discutir "las preocupantes acciones políticas-legales" que está tomando Nicaragua.
También lea Argentina al margen de resolución de la ONU que exige a Nicaragua un proceso electoral libreEn un comunicado conjunto, aseguran que “instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, a trasladarse a sus respectivas capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.
Señalaron además que "se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua (…) Y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión".
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