La CIDH preocupada por reforma de ley del Tribunal Supremo venezolano

Personas caminan frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en Caracas, el 28 de junio de 2017.

La Comisión Interamericana de DD.HH. cuestionó el hecho de que la reforma aprobada por el oficialismo permita la reelección e hizo un llamado a reconstruir el “sistema de pesos y contrapesos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su preocupación por la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, sancionada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista y promulgada por el presidente Nicolás Maduro recientemente.

La reforma significa una reducción de 12 magistrados integrantes del Poder Judicial venezolano, llevándolos a 20 en vez de los actuales 32, y un cambio en la composición del comité parlamentario encargado de postular a los aspirantes para este puesto.

Con su aprobación, el Parlamento electo en diciembre de 2020 inició el proceso para la selección de los nuevos magistrados, quienes podrán optar para la reelección. Esta semana, se acordó prorrogar por un par de días el lapso para las postulaciones de los aspirantes a magistrados.

En un comunicado, la CIDH sostiene que el hecho de que la reforma no prohíba la reelección representa “un factor de fragilidad” para la independencia judicial.

“Una persona operadora de justicia que pretenda ser reelegida corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión, o de que su comportamiento se perciba de este modo por los justiciables”, indica el texto.

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La Comisión también cuestionó el hecho de que con la nueva composición del comité parlamentario de postulaciones se aumente el número de diputados miembros, pues a su entender “tiende a profundizar la crisis institucional debido a que las elecciones parlamentarias de 2020 no gozaron de condiciones mínimas para ser consideradas libres o justas”.

El organismo hizo un llamado para que se adopten reformas “verdaderamente comprometidas con la consolidación de la independencia” del TSJ y la reconstrucción “de un sistema de pesos y contrapesos”.

Estas modificaciones en el máximo tribunal del país fueron realizadas sin acuerdos con la oposición.

En este sentido, Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en la mesa en México, pidió recientemente “parar un poco ese proceso” para regresar al mecanismo - detenido desde octubre del año pasado.

“Veamos una concepción completa del sistema judicial”, dijo.

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