Un reporte de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados revela que más de 100 mil nicaragüenses se han visto obligados a abandonar el país desde que inició la crisis social en abril del 2018 y de acuerdo con el informe el primer destino para la mayoría de ellos ha sido Costa Rica.
“Casi dos años después del comienzo de una seria crisis política y social en Nicaragua, más de 100 mil personas se han visto forzadas a huir y buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones a los derechos humanos reportadas…”, escribió la agencia, señalando que el reporte cubre hasta el 31 de enero 2020.
Según el sociólogo, Cirilo Otero, la cifra podría ser superior y responsabiliza al gobierno sandinista por el desplazamiento de ciudadanos nicaragüenses.
“Esta dictadura nos ha dejado un saldo de represión que hace difícil la vida en el país, primero porque no hay perspectivas laborales, ni perspectiva de actividad humana y social, y segundo porque le arranca un derecho humano a las personas, que es el de ubicarse donde lo estimen conveniente”, explicó Otero.
La agencia de Naciones Unidas detalla en el informe que la primera parada de los nicaragüenses ha sido Costa Rica, que ampara a cerca de 77 mil personas, seguido por varios países de Europa donde se encuentran unos nueve mil más y Panamá donde hay alrededor de ocho mil.
El defensor de los derechos humanos, Pablo Cuevas, aseguró que la Constitución Política de Nicaragua obliga al estado a brindar garantías de seguridad a los ciudadanos.
“Si el ciudadano emigra es porque las cosas no están bien en su país. Eso significa que hay una situación de omisión del estado y en muchos casos no solo por omisión sino por acciones como las que están aconteciendo en nuestro país”, añadió.
La agencia de las Naciones Unidas declaró que actualmente está en coordinación con las autoridades gubernamentales y otras agencias de la ONU para monitorear los movimientos transfronterizos y responder a las necesidades humanitarias y de protección de quienes huyen de Nicaragua.
Esta medida también incluye asistencia sanitaria, apoyo psicológico, alojamiento y provisión de alimentos.
Mientras Cairo Amador de la oficialista Comisión de la Verdad, señaló a los migrantes nicaragüenses como personas que aprovechan el estatus de refugiado para regularizar su situación migratoria. Para el gobierno de Daniel Ortega y sus aliados, los que huyen del país no lo hacen por persecución o represión política, sino por buscar una mejora económica.
“Gran parte de las aplicaciones de asilo que se han interpuesto ha sido por parte de una enorme población de nicaragüenses que estaban ilegales, lo cual, lo consideró como una buena oportunidad para tratar de legalizar su estatus”, comentó Amador.
A inicios de febrero, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, Kelly Clements, visitó Costa Rica para brindar seguimiento a la respuesta de esa nación al aumento de solicitudes de refugio de nicaragüenses y venezolanos.