El gobierno colombiano y la guerrilla de la Segunda Marquetalia anunciaron que retomarán en Cuba el segundo ciclo de negociaciones de paz tras más de dos meses de congelamiento en las conversaciones.
Liderada por alias Iván Márquez, quien fue el número dos de las desmovilizadas FARC, la Segunda Marquetalia fue creada en 2019 por exmiembros de la desaparecida guerrilla que desertaron del Acuerdo de Paz de 2016.
A principios de año, el grupo rebelde logró que el gobierno colombiano le otorgara la distinción de actores políticos e iniciara conversaciones de paz en junio, en un intento del gobierno del presidente Gustavo Petro por acabar con seis décadas de conflicto armado interno a través de la política de “paz total”.
Todo esto tras el rompimiento de las mesas de diálogo con parte del Estado Mayor Central, otra disidencia de las FARC que no firmó la paz en 2016, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo con las partes, la ruta de negociación está enmarcada en la creación de “territorios en paz”, el “desescalamiento” del conflicto y un cese al fuego bilateral con una agenda que tiene como base el acuerdo de paz firmado en 2016.
La Voz de América habló con expertos sobre las posibilidades de éxito que podría tener este proceso en el marco de una política de paz total, que sufrió el golpe más duro tras el ataque del ELN a una base militar en el convulso departamento de Arauca, y que fue calificado por el mandatario colombiano como una “acción que cierra un proceso de paz con sangre”.
Para Francisco Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ONG que estudia el conflicto armado en Colombia, el proceso de paz podría ser uno de los que represente más avances por una “razón fundamental”: el posicionamiento reducido del grupo en el país.
“El punto de partida de negociación es el acuerdo de paz firmado en 2016, porque ya se hizo un acuerdo del cual claramente este grupo desertó y sobre el cual se quiere volver a negociar. Sin embargo, a favor hay algo, y es que la Segunda Marquetalia no tiene la presencia territorial amplia como sí la tiene el ELN, y eso permite que haya un mayor control estatal del grupo”, explicó Daza en conversación vía Zoom con la VOA.
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Los tiempos y la última oportunidad de “acogerse” a la paz
Daza consideró que al proceso de negociación le “juega” en contra los dos años de gobierno que le quedan al presidente Petro, debido a la disensión que ha generado la negociación con la Segunda Marquetalia, al tratarse de un grupo que ya abandonó “las conversaciones de paz una vez”.
“En contra está el tema del tiempo. Ya vamos a más de la mitad del camino de la presidencia de Gustavo Petro, porque los procesos de negociación toman tiempo. Ya lo vimos en su momento con las FARC-EP y ahora con la negociación fallida con el ELN”, comentó Daza.
Uno de los principales opositores al proceso de paz con esta organización, que en 2021 fue incluida en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es el senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del gobierno en el acuerdo de paz con las desaparecidas FARC.
Es uno de quienes ha estado en desacuerdo con entablar conversaciones, al considerar que los “integrantes de la Segunda Marquetalia desertaron del proceso”.
“Moralmente es inaceptable: el entrampado de todos modos ingresó al delito. El mensaje a la sociedad es fatal: el incumplido y mañoso sale adelante. Y no está claro qué pueden negociar más allá de lo acordado”, manifestó De la Calle, observando que al ”abandonar el acuerdo” perdieron los privilegios políticos.
También lea Cañón del Micay, un corredor donde las disidencias de las FARC desafían la política de paz de PetroEn ese sentido, explica Daza, para la factibilidad del proceso y la disposición que tenga el grupo por firmar un acuerdo de paz, “debe” quedar claro el tratamiento jurídico que se le daría a los miembros de esta organización, incluidos Iván Márquez.
“Todavía queda un componente que deberá resolverse, y es el componente jurídico, pues los integrantes de esta organización fueron desertores del acuerdo de paz de 2016, y de acuerdo con la justicia transicional en Colombia, ellos no pueden de nuevo articularse a la Jurisdicción Especial para la Paz, y es lo que tendrá que resolverse en el proceso si se alcanza un acuerdo final”, detalló Daza.
Por otra parte, otro de los puntos a resolverse en la negociación es la estrecha relación de la Segunda Marquetalia con los cultivos de hoja de coca, donde ha consolidado su influencia en varias regiones cocaleras del país a través de alianzas con carteles mexicanos.
En estas regiones, la Segunda Marquetalia se ha asegurado el control sobre la producción y el tráfico de cocaína.
El proceso de paz contempla la posibilidad de ofrecer alternativas económicas a los campesinos que dependen de los cultivos ilícitos. Sin embargo, para los campesinos, los cultivos de hoja de coca “continúan” siendo más rentables que la producción de cultivos de uso legal.
En ese orden, para Daza, en esas regiones bajo el control de la Segunda Marquetalia se requerirá una presencia estatal “fuerte” y de “ceses al fuego multilaterales” con los diferentes grupos con los que se disputan el control de estas zonas.
“Esto se puede ver en el departamento de Nariño, donde la Segunda Marquetalia y el Frente Comuneros del Sur del ELN tienen un pacto de no agresión, y ha habido una tensa calma en esas regiones, lo que podría ser provechoso para la avanzada de paz territorial en ese departamento. De llegar a darse un cese al fuego multilateral, sería una muestra de avance exitoso en estos casos de negociación en el marco de la política de paz total”, concluye Daza.
De acuerdo con el monitoreo de presencia de Estructuras Armadas Ilegales, realizado por Pares, para 2024 la Segunda Marquetalia registra presencia en 65 municipios de 12 departamentos y estaría conformada por 1.646 integrantes, con quienes se espera se llegue a un acuerdo de paz definitivo y duradero.
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