A medida que se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos, el tema de la inmigración continúa siendo uno de los más controversiales, más que nada en lo concerniente al número de personas que tratan de entrar al país por la frontera con México.
A pesar de la cifra récord de migrantes que están llegando a la frontera, por lo cual los republicanos culpan al presidente Joe Biden, datos analizados por el Instituto de Política de Migración (IPM) reflejan que la administración Biden ha estado activa en inmigración, con 296 decretos emitidos.
Y también ha mantenido en vigor algunas de las políticas de la administración anterior de Donald Trump.
La frontera con México y el programa de asilo
La administración Biden ha mantenido el Título 42, una política implementada en marzo de 2020 por orden de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para proteger la salud pública durante la pandemia de COVID-19.
Más de un millón de solicitantes de asilo en EEUU fueron expulsados a sus países de origen o México en el año fiscal 2022. Implementado durante la administración Trump, el Título 42 ha sido modificado bajo Biden para permitir la entrada de menores no acompañados y familias con niños pequeños.
Las leyes de EEUU ofrecen asilo a personas que enfrentan persecución en sus países por motivos políticos, de raza, religión, nacionalidad o afiliación a algún grupo en particular.
También lea Patrulla Fronteriza de EEUU detuvo a 2,5 millones de migrantes en la frontera en el año fiscal 2022En mayo de 2022, la administración Biden anunció la anulación del Título 42. Los estados gobernados por republicados presentaron una demanda y una corte determinó que la política debía continuar en vigor sin una fecha de expiración.
La administración tuvo éxito en poner fin a otra política de la era de Trump conocida como los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) que requería que los solicitantes de asilo esperaran en México hasta que una corte de inmigración escuchara sus casos.
A causa de una orden de una corte federal, los migrantes ya no tienen que enrolarse en el MPP. A los que ya estaban enrolados y esperaban en México se les permitirá entrar a EEUU para su próxima cita en la corte y no tienen que regresar a México.
El 31 de mayo de 2022, la administración comenzó a implementar un cambio en cómo maneja algunas solicitudes de asilo, concebida para agilizar el proceso de asilo y enviar menos casos a las cortes de inmigración ya abarrotadas.
Desde esa fecha, funcionarios de inmigración ahora adjudican las solicitudes de asilo de los migrantes colocados en procedimientos de expulsión expedita.
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EEUU detiene migrantes en frontera en cantidad récord
Refugiados
Biden inicialmente mantuvo el cupo anual de refugiados en 15.000, el menor número en la historia moderna de Estados Unidos, lo que generó protestas de los demócratas en el Congreso. En mayo, la administración aumentó el cupo a 62.500, aunque la cantidad de refugiados admitidos totalizó 11.411 en el año fiscal de 2021, que finalizó el 30 de septiembre.
La administración Biden elevó el cupo de refugiados para 2022 a 125.000, pero hasta julio solo se habían admitido 17.690. Los activistas dicen que la administración está muy lejos de su meta, pero admiten que el programa de refugiados se está aún reacomodando después de años de restricciones.
Se espere que Biden establezca un nuevo cupo el 1 de octubre, pero aún hay problemas asociados con la pandemia y la asignación de recursos.
Prioridades de cumplimiento
La administración Biden prometió mejorar el uso de los recursos existentes lejos de la frontera, como guías para detenciones, arrestos y expulsiones. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció las nuevas prioridades en la “Guía para el cumplimiento de las leyes de inmigración civil” de septiembre de 2021.
Mayorkas ordenó a la autoridades de inmigración (ICE) que vigilaran por los migrantes que presentaban una amenaza de seguridad pública, a la seguridad nacional y todos los que cruzaron recientemente de manera ilegal la frontera con México.
Bajo el gobierno del presidente Donald Trump, los funcionarios de ICE tenían amplio poder de decisión para arrestar y deportar a cualquier inmigrante.
También lea EEUU: Aumentan los cruces fronterizos de inmigrantes de Venezuela, Cuba y NicaraguaAlgunos estados gobernados por republicanos demandaron a la administración Biden, alegando que la guía se concentraba más en individuos que hubieran cometido delitos graves y no otros delitos. Un juez federal bloqueó desde entonces algunos elementos de la guía de septiembre.
Según el MPI, las guías en vigor del Departamento de Seguridad Nacional están enfocadas en limitar las acciones de los agentes de inmigración contra ciertas nacionalidades, lugares de procedencia y situaciones, pero aparte de eso, los agentes del ICE pueden hacer aún “decisiones individuales” de acuerdo con las circunstancias de los casos en particular.
"Los agentes de ICE tienen instrucciones de no arrestar generalmente a mujeres embarazas o en posparto, o individuos en lactancia, aunque pueden aún iniciar procesos de deportación, y tampoco acciones contra no ciudadanos que estén solicitando beneficios de inmigración basados en su condición de víctimas de crímenes”, dijo el MCI.
También se recomienda restringir los arrestos cerca de juzgados, escuelas, instituciones religiosas, ceremonias públicas como funerales o bodas, y en sitios de potestas.
Mayorkas instruyó también a las agencias del DSN que aseguren que los no ciudadanos que sirvieron en las fuerzas armadas de EEUU sean regresados a Estados Unidos si los funcionarios de inmigración determinan que fueron deportados injustamente.
También lea Legisladores de EEUU se suman a petición de ampliar TPS a centroamericanosProtección temporal
Algunos inmigrantes que llegaron a EEUU bajo circunstancias inusuales han recibido una autorización temporal para permanecer en el país. Ese es el caso de los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y permiso humanitario.
Bajo la administración Biden, inmigrantes de 15 países están en TPS o son elegibles, lo que les permite vivir y trabajar en EEUU y prolonga su deportación. Estas designaciones se hacen por 6, 12 o 18 meses.
DACA, una política creada en 2012 por la administración Obama que permite a los que llegaron a EEUU siendo niños asistir a la escuela y trabajar legalmente en el país, cumple 10 años. Los beneficiados, sin embargo, viven en un limbo mientras el programa ha sido el foco de numerosos casos en las cortes.
Los recipientes de DACA están actualmente a la espera de un fallo de una Corte de Apelaciones sobre una demanda que cuestiona la legalidad del programa.
La administración Biden anunció en agosto la versión final de una norma para codificar el DACA. La norma mantiene el programa como fue creado por la administración Obama, y si no hay desafíos legales, entrará en vigor el 31 de octubre de 2022.
Y aunque los recipientes de TPS y DACA pueden vivir y trabajar en EEUU, los programas no ofrecen un camino para la ciudadanía.
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Después de más de un año de cierres, las embajadas y consulados de EEUU en todo el mundo han reabierto para citas de inmigrantes y no inmigrantes. No obstante, los tiempos de espera son todavía largos mientras el personal vuelve a regresar a los niveles de antes de la pandemia.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo en agosto a la Voz de América que los tiempos de espera para las entrevistas de visas varían de acuerdo con los países y dependen de las condiciones locales y la demanda. El tiempo de espera para una cita para visa de rutina en la mitad de los consulados de EEUU “es de menos de cuatro meses, y a veces menos”, dijo el portavoz.
Carga pública
La administración Biden finalizó una norma en septiembre para levantar los obstáculos de inmigración a cualquiera que sea considerado como “probable” de convertirse en dependiente de beneficios públicos mientras trata de obtener una visa o convertirse en residente permanente de EEUU.
La normativa final está programada para entrar en vigor el 23 de diciembre. El anuncio del DSN restaura el concepto de “carga pública” existente por décadas.
Esto significa que el DNS ya no considerará a un no ciudadano como carga pública si recibe ciertos beneficios no en efectivo que le estén disponibles, como el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria u otros programas de nutrición, el Programa de Seguro Médico Infantil, el Medicaid (a excepción de una atención institucional de largo plazo), beneficios de vivienda o cualquiera relacionado con inmunizaciones y test de enfermedades comunicables).
Legislación de inmigración estancada
En su primer día en el cargo, Biden anunció una legislación de reforma radical de inmigración, la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021, que incluía un camino de ocho años a la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en EEUU.
El proyecto se considera prácticamente muerto en el Congreso. También se han presentado otras iniciativas de inmigración, pero aún ninguna ha sido aprobada por los legisladores.
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