La Corte Suprema de Estados Unidos no se ha pronunciado aún en torno a las políticas de Donald Trump, por más que su gobierno salte de una controversia a otra. Pero eso va a cambiar pronto.
La primera incursión del máximo tribunal estadounidense en las políticas del gobierno de Trump llega de la mano de la tercera y última versión de la prohibición al ingreso de personas procedentes de países de mayoría musulmana.
El debate del miércoles 25 de abril podría ofrecer indicios de hasta qué punto un tribunal que respeta las tradiciones y los precedentes lidiará con un presidente que no hace más que violar esas convenciones.
Al margen de sus declaraciones durante la campaña electoral, los tuits de Trump, incluida la difusión de un video incendiario que generó un sentimiento contrario al Islam, podrían figurar en la decisión sobre la legalidad de la medida.
"La corte podría tomar la decisión indicada sin analizar los tuits. Pero creo que el presidente se manejó de modo tal que es prácticamente imposible ignorarlo cuando grita desde los techos cuál es su intención en las tres versiones de la medida", comentó Cecilia Wang, de la Unión de Libertades Civiles.
El procurador general Noel Francisco, que fijará la posición del gobierno, dijo en documentos judiciales que el presidente está facultado para vetar los ingresos y que no se basan en prejuicios en torno al Islam.
Un tema clave será cómo evalúa la Corte Suprema las acciones del gobierno.
Neil Eggleston, consejero de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, dijo en un artículo online que Trump no merece las consideraciones que generalmente se le hacen a un presidente, sobre todo en relación con la seguridad nacional y la inmigración.
"La corte tendrá que decidir hasta qué punto hace concesiones a un presidente con un historial de caos y animosidad", dijeron Eggleston y Amanda Elbogen en un artículo que publicaron en justsecurity.org.
Josh Blackman, profesor del South Texas College of Law de Houston, dijo que el tribunal sentaría precedente si da a Trump un trato distinto al que dio a otros presidentes.
La medida bajo consideración involucra a los viajeros de cinco países mayoritariamente musulmanes -- Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen--, a Corea del Norte y a algunos funcionarios del gobierno venezolano y sus familias.
Un sexto país de mayoría musulmana fue sacado de la lista en lo que Francisco dice es un indicio de que las restricciones obedecen a consideraciones de seguridad nacional. Acotó que el Departamento de Estado ya ha hecho 430 exenciones y concedido visas a personas de los países afectados.
Quienes cuestionan la medida dicen que el gobierno no puede pretender que la Corte Suprema ignore todo lo que ha sucedido.
La primera prohibición de ingresos fue adoptada una semana después de que Trump asumió la presidencia, en enero del 2017, e involucraba a siete países. Generó caos y protestas en todo el país pues se prohibía a los pasajeros abordar vuelos internacionales y se los demoraba por horas en los aeropuertos. Trump modificó la medida después de que un tribunal de apelaciones de San Francisco se negase a aprobar la medida.
La siguiente versión, anunciada en marzo del 2017, eliminó a Irak de la lista de países vetados y aclaró que la suspensión de ingresos por 90 días a los oriundos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen no abarcaba a quienes ya tenían visas. Pero ello no resolvía los cuestionamientos legales, según los opositores a la medida.
El 9no circuito de San Francisco y el 4to Circuito del Tribunal de Apelaciones de Richmond, Virginia, dieron la razón a los opositores a la iniciativa. El 4to Circuito dijo que la iniciativa "destila intolerancia religiosa, animosidad y discriminación". El 9no circuito, por su parte, estimó que Trump estaba violando las leyes de inmigración.
La tercera versión toma en cuenta la forma en que otras naciones investigan a sus propios ciudadanos y comparten información con Estados Unidos.
No tuvo mejor suerte que sus predecesoras en los tribunales inferiores, pero la Corte Suprema expresó en un fallo preliminar de diciembre que la medida podía entrar en vigor mientras se resolvían las disputas legales. No opinó sobre la validez de la iniciativa.
Ahora, en cambio, debe decidir si aceptan la postura del gobierno de que Trump tiene amplia discreción para fijar límites a la inmigración y de que los tribunales no deben opinar en esto. Para el gobierno, los extranjeros no tienen derecho a ser admitidos en Estados Unidos ni a acudir a los tribunales estadounidenses si no los dejan entrar.
Se espera un fallo en junio.