La Corte Suprema suspendió temporalmente el lunes un juicio oral que comenzó a ventilar un tribunal de la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile, contra decenas de integrantes de la banda Los Gallegos, uno de los brazos armados de la organización criminal venezolana el Tren de Aragua con operaciones en territorio chileno.
La Corte acogió un recurso de los abogados defensores al considerar que “se vulneraron las garantías de los imputados” ante la ausencia de “información sobre los motivos para realizar las audiencias de manera remota y sin la presencia de todos los imputados”. La suspensión se dio horas después de que el proceso había arrancado con más de 150 testigos y 38 acusados.
El juicio, de características únicas hasta ahora y que supone el primer gran golpe contra el crimen organizado en el país, deberá ser retomado "próximamente", una vez sea realizada una nueva audiencia de "factibilidad técnica" para analizar el posible desplazamiento de los acusados al tribunal, informó la máxima corte en un comunicado.
También lea Gobierno de Chile cuestiona a Venezuela por decir que el Tren de Aragua es "ficción"Los 38 acusados, entre ellos 34 venezolanos y cuatro chilenos, responderán individualmente por una serie de delitos que incluyen secuestro, trata de personas, explotación sexual, homicidio, extorsión y tráfico de armas y drogas, entre otros.
Para 11 de ellos la Fiscalía pide la prisión perpetua, en tanto que para el resto reclama condenas que, juntas, suman más de 200 años de cárcel.
La Fiscalía de Arica detalló a periodistas que, del total de los imputados, 29 son hombres y nueve son mujeres y adelantó que, a lo largo del juicio serán escuchados más de 150 testigos.
Asimismo, la acusación cuenta con más de 60 informes policiales y más de 140 teléfonos intervenidos y analizados, así como peritajes de armas de fuego presuntamente utilizadas por el grupo y de cuadernos de contabilidad donde asentaban sus finanzas.
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Autoridades en Nueva York temen posible alianza de Tren de Aragua y MS13
Se trata del proceso judicial más complejo de los últimos años en el país sudamericano, puesto el alto nivel de peligrosidad de los implicados y que, por lo tanto, ha movilizado fuertes medidas de seguridad en la ciudad.
Las diligencias empezaron en medio de tensión, o como definió el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, con una “tensa calma”, luego de unos embates judiciales sobre la realización presencial o telemática del juicio que puso en estado de alerta a los habitantes de la portuaria localidad.
Ello porque la Corte de Apelaciones chilena había autorizado que 19 de los acusados, que se encuentran recluidos en diferentes cárceles del país, acudieran de forma presencial a las audiencias, una decisión que fue revocada temporalmente el pasado viernes por la Corte Suprema y permitió el inicio del proceso.
Sin embargo, el fallo del lunes de la Corte Suprema abre paso para la posibilidad de sesiones presenciales, lo que ha generado preocupación entre la población y las autoridades por el alto riesgo de fuga y posibles represalias por parte de los acusados.
También lea La disputa del Clan del Golfo y el Tren de Aragua se extiende en más zonas de BogotáAl conocer la decisión, el fiscal de Arica, Mario Carrera, afirmó en un video enviado a los periodistas que el Ministerio Público está y se mantiene “en condiciones de realizar y presentar” las pruebas pertinentes, tal y como se ha hecho “ya desde hace bastante tiempo”.
Antes de la suspensión, el tribunal escuchó el lunes la lectura de los antecedentes y las acusaciones que pesan contra los 38 miembros de Los Gallegos, en la primera parte de un juicio que se extenderá por varios meses.
El clan de Los Gallegos es un tentáculo de la banda criminal Tren de Aragua que rompió las fronteras y pasó a actuar como un brazo armado del grupo en el extremo norte de Chile, que a su vez experimenta una proliferación del crimen organizado.
El Tren de Aragua, por su parte, es considerada la estructura criminal más grande y poderosa de Venezuela y es una de las pocas que ha conseguido consolidarse en el extranjero, con presencia en diversos países como Colombia, Perú, Chile y, en menor medida, Bolivia, Ecuador y Brasil, de acuerdo con los datos de la organización no gubernamental InSight Crime y del gobierno de Estados Unidos.
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