El gobierno cubano sigue abusando del sistema judicial para reprimir a disidentes políticos pacíficos, según denunció en Washington el grupo defensor de los derechos humanos Human Rigths Watch (HRW).
La denuncia demanda al gobierno del presidente Raúl Castro la liberación inmediata de seis opositores condenados a penas de cárcel de manera sumaria por el simple hecho de haber ejercido sus derechos fundamentales, dijo HRW.
Hace dos días, las autoridades cubanas sentenciaron a cuatro disidentes a penas de entre tres y cinco años de prisión, quienes fueron arrestados en enero último por distribuir octavillas contra el gobierno.
Luis Enrique Labrador, David Piloto, Walfrido Rodríguez y Yordani Martínez fueron llevados a la cárcel tras ser acusados de desacato y alterar el orden público.
Los cuatro fueron detenidos el pasado 14 de enero, dijo HRW, cuando se acercaron a la Plaza de la Revolución en la ciudad de La Habana y lanzaron volantes al aire que decían "Abajo los (hermanos) Castro".
De acuerdo con la denuncia, las autoridades cubanas también han ejercido presiones contra los familiares de los disidentes e incluso la madre de uno de ellos fue dejada sin empleo.
Además de estas sentencias, HRW citó también la de otros dos jóvenes activistas de derechos humanos, Marcos Maikel y Antonio Michel Lima Cruz, condenados respectivamente a tres y dos años de cárcel el pasado 24 de mayo en la ciudad de Holguín por "ultraje a los símbolos patrios" y "desorden público", cargos de los que ambos se declararon inocentes.
Según José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, "con esta nueva serie de juicios, el gobierno de Castro envía un claro mensaje a los disidentes de que la situación en Cuba no ha cambiado".
HRW subrayó que el gobierno en la isla dispone de absoluta libertad para sancionar a todo el que "amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares".
Tales leyes vulneran el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Cuba en 2008, destacó la denuncia.