“No hay democracia sin participación de las mujeres”: el rol de género en América Latina

Mujeres levantan los brazos después de colocar una escultura sobre un monumento dedicado a los derechos de las mujeres titulado "Glorieta de las mujeres que luchan" antes del Día Internacional de la Mujer, en Ciudad de México, sábado, 5 de marzo de 2022.

Aunque la participación política de las mujeres en América Latina ha aumentado en los últimos años, las crisis económicas, migratorias y de violencia en la región, continúan exacerbando brechas de género que deben ser atendidas, según activistas.

La polarización política y retrocesos en materia de democracia en diferentes países de América Latina estarían poniendo en riesgo los avances logrados en materia de equidad de género y derechos de las mujeres, especialmente en lugares como Nicaragua, Cuba, El Salvador y Venezuela, según expusieron activistas el lunes.

En un evento liderado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, un grupo de expertas opinó que en el contexto actual, las mujeres juegan un rol “esencial” en la construcción de países equitativos.

“Hoy la democracia no se concibe sin inclusión, sin participación y sin representación y representatividad de las mujeres en lugares de toma de decisiones clave. Y, hoy las mujeres tenemos la posibilidad de hacer esa conexión, que no hay democracia si no hay participación de las mujeres en la democracia”, dijo Tamara Taraciuk, directora del programa de estado de derecho del Diálogo Interamericano.

En un reciente informe, ONU Mujeres apuntó que una “democracia plena” necesita la participación igualitaria de mujeres, sin embargo, las “continuas” violencias y amenazas que sufren, “deterioran” aspectos como las recuperaciones económicas y sociales de los países.

Celia Medrano, periodista e investigadora salvadoreña, resaltó que “hay una clara tendencia autoritaria que se está consolidando de manera acelerada” en su país, y “los primeros sectores golpeados” son las mujeres.

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En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha mantenido una medida de régimen de excepción aprobada en marzo de 2022, que según datos de la Policía Nacional Civil, ha permitido reducir la tasa de homicidios de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 7,8 en 2022. Sin embargo, se han alzado denuncias sobre violación de derechos humanos.

“No nos dicen que [en comparación con los hombres] las mujeres estamos siendo más desaparecidas, que estamos siendo más asesinadas”, dijo Medrano. “ Se justifica de que ellas eran pandilleras, eran delincuentes, no nos tendría por qué importar que hayan muerto sus niños. Eso es lo que se está arraigando y se nos quiere convencer de que nuestra supuesta seguridad es a cambio de que aceptemos la violación a derechos humanos”.

Datos revelados por ONU Mujeres apuntan a que hasta el 1 de enero de 2023, las mujeres en América Latina y el Caribe representaban el 30.1 por ciento de las ministras de gabinete. En el listado de países, Nicaragua se encuentra en el cuarto lugar con 62.5 mujeres en el gabinete.

En la lista que incluye a unos 200 países, la nación latinoamericana en la peor posición en presencia de mujeres en posiciones de poder es Guatemala con 7.1 por ciento, ubicándose en el número 168 de la lista.

Cuba ocupa el puesto 70, Venezuela está en el número 63 y El Salvador está en el puesto 35.

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Taraciuk, sin embargo, apuntó que aunque “la presencia de mujeres es importante, no necesariamente asegura un avance en la agenda de mujeres”. Así estableció como ejemplo la posición de Rosario Murillo como vicepresidenta de Nicaragua, en una posición de poder protagonizada por acusaciones de violación de derechos humanos en el país.

“La multiplicidad de experiencias de las mujeres es enorme y que cualquier respuesta colectiva a los problemas de transición democrática tiene que tener en cuenta esas heterogeniedad... la diversidad enriquece el debate y yo creo que eso es a lo que le temen los dictadores”, agregó.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) expuso en marzo que “la persistencia de los nudos estructurales patriarcales en los sistemas políticos” de los países de América latina, “continúa limitando los avances hacia la democracia paritaria”.

Algunas de las estructuras específicas que restringen el acceso igualitario a las mujeres al ejercicio del poder son la división sexual del trabajo, la violencia, la cultura política, y la “limitada información sobre la diversidad”.

Tamara Dávila, defensora de derechos de las mujeres, resaltó cómo en el caso de la polarización por ideales políticos se registran violaciones a derechos de las mujeres. En el caso de Nicaragua, según dijo, “cualquier persona que cuestione los axiomas de poder es susceptible de ser criminalizada”.

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Dávila es expresa política nicaragüense y llegó a EEUU en febrero, cuando fue excarcelada y enviada con un grupo de otros 221 presos al país norteamericano.

“Aquellas mujeres que nos atrevemos a cuestionar el poder hegemónico y aquellas mujeres que nos atrevemos a hablar somos doblemente castigadas. No por cuestionar ese poder político, pero también por participar políticamente”, dijo.

El rol tradicional de la mujer como “cuidadoras” también representa un reto en el cierre de brechas de género, apuntaron las expertas.

“En los interrogatorios a las mujeres que teníamos hijos, estaban fuertemente vinculados a nuestro rol de la maternidad… el cuestionamiento hacia las mujeres que participan políticamente por no estar en sus casas, por no estar cuidando a sus hijos es sumamente recurrente y no sucede con los hombres presos políticos”, apuntó.

En Cuba, por otro lado, la abogada y defensora de derechos humanos Laritza Diversent, resaltó la falta de independencia en organizaciones que lideran el tema de género dentro del país, del gobierno en el poder y la discriminación por motivos políticos.

“Sin embargo, en las que dirigen hoy la Federación de Mujeres Cubanas tiene cargos dentro del Partido Comunista, son también funcionarias del Estado y supuestamente líderes de la sociedad civil. Es imposible que una sola persona pueda reunir las tres características y defender a la vez los procesos en defensa de la protección de las de los derechos de mujeres contra la violencia”, dijo.

Diversent resaltó el feminicidio como uno de los factores de violencia contra las mujeres más presentes en Cuba. Hasta el 26 de mayo se habían informados 28 feminicidios en lo que va de año en Cuba, un poco menos de un mes después, el número asciende a 38.

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Cubalex, una organización no gubernamental que se opone al gobierno de la isla, ha registrado 328 mujeres entre activistas, periodistas y defensoras de Derechos Humanos que han sido reprimidas solo por ser parte de una organización en la que promueve las temáticas de género.

El gobierno de Cuba niega que las mujeres sean reprimidas por ese motivo y cataloga a los que se oponen al gobierno, mujeres y hombres, como "mercenarios" al servicio de Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros.

Identificar “señales de alerta temprana”

Las expertas acordaron en que los países de América Latina deben “crear un sistema de señales de alerta temprana” que despierten a grupos sociales a movilizarse para evitar las crisis de derechos humanos.

Taraciuk resaltó que en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua se habla de “retrocesos democráticos” con “líderes que llegan al poder a través de elecciones y una vez en el poder, le dan la espalda a las garantías más elementales” por lo que se debe “proteger la independencia judicial, los frenos y contrapesos, el espacio cívico, el rol de la sociedad civil, la prensa independiente y creo que las mujeres en todos estos ámbitos han jugado un papel muy importante”.

“Necesitamos aliados, necesitamos ser fuertes”, agregó Diversent.

Mientras Dávila, por su parte, abundó en que “no podemos ver hacia otro lado” con respecto a los derechos de las mujeres “no podemos ver a otro lado, simplemente porque no me pasa a mí, porque la onda expansiva nos golpea a todos y por eso todos los países debemos actuar para asegurar el pluralismo político”.

El encuentro concluyó con un llamado a agregar a las poblaciones LGBITQ, especialmente a las mujeres transgénero, a la toma de decisiones políticas. “La violencia ejercida contra esta población es muy fuerte y es culturalmente entre comillas, aceptada, avalada, permitida. Creo que a veces perdemos nuestra capacidad de darnos como seres humanos. Y en ese marco hay mucho que hacer para garantizar una vida libre de violencia a quienes integran estas poblaciones”, concluyó Medrano.

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