Un juez federal de Estados Unidos dijo el viernes que tenía problemas con una petición para definir con exactitud qué justifica la separación de menores migrantes de sus padres en la frontera, tras denuncias de que el gobierno de Donald Trump abusó de su poder para dividir a las familias bajo circunstancias concretas como antecedentes penales o dudas sobre si un adulto era realmente el padre de un menor.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) alegó que el gobierno ha estado separando familias por acusaciones dudosas y delitos menores como infracciones de tránsito. En un documento judicial, reportó que un padre fue apartado por daños a la propiedad valorados en 5 dólares, y una menor de un año fue separada luego de que un funcionario criticó a su padre por dejarla dormir con un pañal mojado.
También lea Casa Blanca: "Estados Unidos no tiene nada que esconder" en acuerdos con Triángulo NorteScott Stewart, abogado del Departamento de Justicia, reconoció algunos errores pero agregó que el gobierno tiene un buen sistema.
El juez de distrito Dana Sabraw señaló que se trata de un “asunto espinoso” y no emitió un veredicto inmediato sobre la petición de intervención de la ACLU luego de una vista de dos horas, que es inusualmente larga para él. Según el magistrado, una persona condenada por agresión con un arma letal podría ser el “padre más cariñoso, protector” y no suponer ningún peligro para el niño, pero probablemente no sea apto para estar en un centro de detención para familias migrantes.
“Este es un contexto único”, manifestó.
El gobierno separó a 955 menores de sus padres desde el 26 de junio de 2018, cuando Sabraw suspendió la práctica salvo en excepciones concretas, y el 20 de julio de 2019. El ejecutivo destacó que esto supone un pequeño porcentaje entre los más de 500.000 arrestos y detenciones de personas que cruzaron la frontera mexicana en familia y de forma ilegal durante este periodo, sugiriendo contención.
Un memorando de dos páginas emitido un día después del fallo de Sabraw en 2018 y ordenado por Kevin McAleenan _ quien entonces fungía como comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y ahora es secretario de Seguridad Nacional interino _ describe los criterios para las separaciones familiares, incluyendo que uno de los progenitores esté condenado por un delito grave o “delitos menores violentos”, tenga una enfermedad contagiosa o suponga “un peligro para el niño”.
Los efectivos de la patrulla fronteriza en el sector del valle del Río Bravo en Texas, el paso ilegal más transitado, separan a las familias si uno de los padres tiene una condena por delitos como asalto, agresión, robo, resistencia a la autoridad, atropello o conducta desordenada, explicó la semana pasada en un documento judicial Lloyd Easterling, quien supervisa el procesamiento y los enjuiciamientos en la región. Los “robos simples”, fraudes, delitos menores de tránsito y narcotráfico y la conducción en estado de ebriedad sin factores agravantes no suelen derivar en divisiones.
Las acusaciones sobre antecedentes penales o afiliaciones a pandillas en otros países son más difíciles de probar, pero los controles biométricos y las comparaciones fotográficas suelen proporcionar respuestas, dijo Easterling.
Las partes discutieron sobre la generalización del uso de pruebas de AND rápidas a adultos sospechosos de mentir sobre su parentesco con un menor. El gobierno sostiene que aumentar el uso de esas pruebas, que arrojan resultados en unos 90 minutos y se han probado a lo largo de toda la frontera con México, podrían suponer obstáculos financieros y logísticos.