La administración Trump dice que todos los niños menores de cinco años que fueron separados de sus familias como resultado de la política de inmigración de tolerancia cero y son elegibles para reunificación, han sido reunidos con sus padres.
Pero casi la mitad del total de menores de cinco años retenidos por el gobierno estadounidense en la frontera sur del país, permanecen separados de sus familias debido a problemas de seguridad, la deportación de sus padres y otros asuntos, dijo la administración.
El gobierno federal estaba bajo un mandato judicial para reunificar a las familias separadas entre principios de mayo y el 20 de junio, cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que detuvo las separaciones.
La Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA), entabló una demanda en nombre de una mujer que había sido separada de su hijo, y el juez de la corte de distrito, Dana Sabraw, ordenó que todos los niños sean reunidos con sus padres.
La ACLU dijo que estaba revisando la declaración del gobierno y que comentaría más tarde.
Cincuenta y siete niños se reunificaron con sus padres a partir del jueves por la mañana, dijeron funcionarios de la administración.
"A lo largo del proceso de reunificación, nuestro objetivo ha sido el bienestar de los niños y devolverlos a un ambiente seguro", según una declaración de los jefes de las tres agencias responsables del proceso.
"Por supuesto, sigue habiendo una gran cantidad de trabajo arduo y obstáculos similares que enfrentan nuestros equipos para reunir a las familias restantes. La administración de Trump no aborda esta misión a la ligera".
Los funcionarios dijeron que 46 de los niños no eran elegibles para reunirse con sus padres. 24 de ellos debido a la situación en la que se encontraban sus progenitores.
Una docena de padres ya habían sido deportados y la administración los estaba contactando. Nueve, estaban bajo custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU. por otros delitos. Y la ubicación de un adulto era desconocida, indicaron.
En cuanto a los padres deportados, las autoridades dijeron que habían decidido dejar atrás a sus hijos. Un padre deportado, sin embargo, le dijo al Los Angeles Times que no sabía lo que estaba haciendo cuando firmó el documento dejando atrás a su hijo.
Los oficiales comentaron que en otros 22 casos, los adultos plantearon preocupaciones de seguridad, y dijeron que 11 adultos tenían antecedentes penales graves, incluida la crueldad infantil, el asesinato o el tráfico de personas. Siete, no fueron identificados como padres, uno tenía un certificado de nacimiento falso, uno presuntamente había abusado del niño, y otro planeaba alojar al niño con un adulto acusado de abusar sexualmente de un menor.
La política de tolerancia cero exige el enjuiciamiento penal de cualquier persona que sea atrapada cruzando la frontera ilegalmente. Debido a que los padres no pueden llevar a sus hijos a la cárcel, fueron separados y esto causó un alboroto internacional.
Al menos 2.300 niños fueron separados de unos 2.200 adultos en el tiempo desde que se firmó la orden ejecutiva. Los funcionarios federales han estado luchando para reunir a los niños en un plazo ajustado de dos semanas establecido por el juez.
Parte del problema, dijeron funcionarios de la administración, es que los sistemas no están establecidos para reunir a padres con sus hijos, están configurados para administrar decenas de miles de menores que cruzan la frontera ilegalmente sin familia.
El Departamento de Salud y Servicios Sociales gestiona su atención dentro de EE.UU. El Departamento de Seguridad Nacional tiene control sobre los adultos en detención migratoria, y el Departamento de Justicia maneja los tribunales de inmigración.
A principios de esta semana, los abogados del gobierno le dijeron a Sabraw que la administración Trump no cumpliría con la fecha límite para unos 20 niños menores de 5 años, porque necesitaba más tiempo para rastrear a los padres que ya han sido deportados o liberados en EE.UU.
Sabraw indicó que se autorizaría más tiempo, solo en casos específicos en los que el gobierno mostrara buenas razones para una demora.
La administración defendió su proyección, diciendo que descubrió padres con antecedentes penales graves, cinco adultos cuyas pruebas de ADN demostraron que no eran los padres de los niños que afirmaban tener, y un caso de abuso infantil creíble.
La administración enfrenta una segunda fecha límite, el 26 de julio, para reunir a más de 2.000 niños mayores con sus familias. Los abogados de inmigración dicen que ya están viendo barreras para esas reunificaciones debido a un atraso en el procesamiento de las huellas dactilares de los padres y las familias que no pueden pagar el pasaje aéreo para llevarles a ellos, lo que podría llegar hasta $ 1.000.