La embajada de Estados Unidos en El Salvador emitió una alerta de seguridad ante la prórroga del régimen de excepción y emergencia nacional, anunciados por el gobierno del presidente Nayib Bukele a inicios de esta semana.
“Aunque no existen indicios de que los ciudadanos estadounidenses sean el objetivo, las personas que viajen a, o residan en El Salvador deben ser conscientes de que ciudadanos estadounidenses han sido arrestados bajo los términos de las medidas de emergencia”, informó la embajada a través de un comunicado de prensa el miércoles.
Desde el pasado 26 de marzo, el Congreso salvadoreño aprobó el estado de excepción y emergencia nacional, suspendiendo con ello algunos derechos y garantías constitucionales de los salvadoreños, como el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos si es arrestado en el marco de los operativos que lleva a cabo el ejército junto a la policía.
Además, al arrestado no se le permite la asistencia de un abogado y amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa; así mismo permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
La sede estadounidense en el país centroamericano también advierte que, aunque la medida está programada para finalizar el próximo 26 de mayo, “existe la posibilidad de que sean extendidas nuevamente”, razón por la que también puso a disposición de su ciudadanos los números de atención y emergencia donde pueden contactar en caso de cualquier percance.
Hasta ahora autoridades de EEUU no ha dado detalles de los ciudadanos estadounidenses detenidos bajo el régimen de excepción impuesto en El Salvador, sin embargo, la agencia de noticias AP citó a dos personas, entre ellas un menor de edad, arrestadas el pasado 12 de abril.
Récord diario de capturas
La madrugada del miércoles, Bukele informó en su cuenta de Twitter, sobre la captura de más de 1.400 personas en las últimas 24 horas, una cifra récord en un solo día desde que inicio el régimen de excepción.
El mandatario también agregó que en tan solo 32 días se han realizado 19.000 capturas.
Sin embargo, pese a que el mandatario salvadoreño anuncia las cifras como un logro de su Administración, observadores de derechos humanos han denunciado excesos y afirma que personas inocentes están siendo atrapadas en la redada.
Mientras que periodistas han planteado temores de censura mediante penas de prisión de hasta 15 años por "compartir" mensajes relacionados con pandillas en los medios.
“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos”, apuntó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado.
En lugar de los tribunales ordinarios, los presuntos pandilleros son llevados ante jueces cuyas identidades se desconocen y ocultan su rostro para, según el gobierno, proteger su integridad física. Los juicios también carecen de testigos.
Ante la alarma por las medidas, consideradas extremas por los organismos nacionales e internacionales, el fiscal general del país, Rodolfo Delgado, ha insistido en que "la gente honesta no tiene nada que temer" y ha pedido a los críticos abstenerse de opinar.
José María Tojeira, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), recordó al Estado salvadoreño, en un editorial publicado en su cuenta de Twitter, que “debe combatir cualquier violación de derechos” y no socavarlos.
“Caer en la cuenta de que los Derechos Humanos, por ser universales, defienden derechos de personas y no de criminales es indispensable para poder entender e incluso defender lo que llamamos democracia”, dijo.
El Salvador, que posee una tasa de pobreza del 30,7% y presentó una tasa de desempleo de 9,5% en 2021. Según el sexto informe Estado de la Región 2021, es uno de los países de Centroamérica con mayores índices de migración.
Según las autoridades del país, las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, cuentan con unos 70.000 miembros, de los que casi la mitad está tras las rejas.
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