Estados Unidos ha gastado más de 315.000 millones de dólares en la aplicación de la ley federal de inmigración desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2002, pero con el tiempo la efectividad del trabajo de la agencia no está dando resultados según un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI).

El estudio realizado por las expertas Doris Meissner y Ruth Ellen Wasem de la Escuela de Relaciones Públicas Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas se centra en la parte operativa y de coordinación de las diferentes agencias federales que intervienen en la problemática migratoria, sobre todo en la frontera sur con México donde se dejan ver las falencias.

Maissner y Wasem señalan en el estudio titulado: “Hacia un mejor sistema de inmigración: Corrigiendo la gestión de la inmigración de DHS” que el control de las fronteras, la asignación de recursos y el manejo de crisis constituyen uno de los mandatos más amplios para DHS que nació para salvaguardar la seguridad interna luego de los atentados terroristas del año 2001.

El “debilitamiento” a juicio de las expertas se debe “a las fallas en el desempeño de los componentes clave de inmigración” por parte de la agencia federal bajo cuya supervisión operan la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS); uno para contener las entradas irregulares de migrantes, otro para custodiar y repatriar a los detenidos y el tercero en la revisión de casos de asilo.

Éstas, consigna el estudio, deben coordinar respuestas y actuar ante los aumentos de detenciones en la frontera sur, especialmente de niños no acompañados y núcleos familiares, como ha ocurrido en los últimos meses con otras agencias federales como el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Departamento de Justicia y El Departamento de Estado, el primero en ubicar albergues el segundo en el manejo de casos en cortes y el tercero posicionado en los países desde donde surte la migración irregular.

Según las estadísticas de CBP, solo en el mes de julio se detuvo en la frontera sur a 212.672 migrantes irregulares, también da cuenta que 18.672 menores no acompañados cruzaron la frontera ese mismo mes con un aumento del 24% en relación con junio cuando se contaron 15.234 detenciones de niños.

“A menos que estas agencias y otras similares trabajen juntas como un sistema, la gestión y el control de las fronteras en la realidad actual no pueden tener éxito. Por lo tanto, gestionar la inmigración como un sistema requiere capacidades operativas coordinadas, estructuras de toma de decisiones y asignación de recursos… Esto se vuelve especialmente críticos para responder a cambios repentinos en las tendencias migratorias o eventos imprevistos, como la pandemia", sostienen Meissner y Wasem en el informe.

El estudio apunta que la coordinación dentro y entre las diferentes agencias ha sido en gran medida “inconsistente” en las casi dos décadas de trabajo.

El reporte surte de un estudio con más de 50 entrevistas en profundidad a personas de alto conocimiento técnico sobre el trabajo de las agencias, incluye ex funcionarios de las diferentes dependencias.

Meissner, dirigió las operaciones federales de inmigración como comisionada de USCIS en la década de 1990, y Wasem analizó las funciones de inmigración durante su mandato en el Servicio de Investigación del Congreso.

Altos costos y disparidades

Las investigadoras también pasan revista al financiamiento de las tres dependencias que funcionan como brazos operativos de DHS: CBP, ICE y USCIS que absorben el 34% del presupuesto de la agencia y captan el 44% del personal de todo el departamento.

El estudio consigna que en el año fiscal 2020 las asignaciones anuales para la aplicación de la ley de Inmigración superaron los 25.000 millones, lo que representa un 28% más que los presupuestos combinados del gobierno para las principales agencias de aplicación de la ley penal.

Los fondos para el cumplimiento de la ley migratoria distan mucho en recursos de otras necesidades de seguridad interna como las asignaciones en conjunto del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio Secreto, Servicios de Alguaciles, entre otras.

“En conjunto, desde la creación del DHS, Estados Unidos ha gastado más de 315.000 millones de dólares en la aplicación de la ley federal de inmigración”, acotan las expertas en el documento de 50 páginas.

Recomendaciones para agilizar el trabajo

Al ofrecer un marco de recomendaciones para volver más eficaz el trabajo de DHS y las demás agencias involucradas, el estudio centra al menos cuatro áreas estratégicas para encontrar salidas en corto plazo ante el letargo del sistema.

Observa que debe haber más control desde la Casa Blanca para ampliar y mejorar las misiones de las diferentes dependencias implicadas, crear nuevos marcos de políticas claras en todos los estamentos de la agencia federal, coordinar las prioridades de financiamiento y promover reformas profundas en la cultura interna del DHS.

“Para que las operaciones de inmigración puedan funcionar de manera más efectiva y adaptarse para abordar los desafíos cambiantes, la inmigración debe ser administrada como un sistema dentro del DHS, a través de agencias asociadas y por la Casa Blanca”, consigna el estudio.

Sumado a la toma de decisiones sobre políticas y la gestión de crisis, pero sobre todo ejecutar un plan de coordinación más técnico bajo la figura del secretario de Seguridad Nacional que pueda entrelazar el trabajo de CBP, ICE, USCIS y en el amplio espectro con los otros departamentos que también tratan el tema migratorio.

“El secretario de seguridad nacional debe otorgar una amplia autoridad transversal al subsecretario de estrategia, políticas y planes y al subsecretario de seguridad fronteriza e inmigración, permitiéndoles supervisar y coordinar los planes estratégicos del componente de inmigración, los presupuestos integrados y las directivas de política de inmigración que implican capacidades y responsabilidades intra e interinstitucionales”, puntualiza el informe.

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