Los vientos que baten en Washington tras la inauguración de la nueva legislatura no parecen ser nada favorables para los inmigrantes. No quiero decir que el año pasado lo fueran, pero al menos había más voces en el Congreso dispuestas a ser consecuentes con las propias raíces de la nación, fundada desde su origen por inmigrantes.
Hay senadores y congresistas que siguen pensando que el país pierde y se traiciona a sí mismo cuando le cierra las puertas a la inmigración. Sin embargo, después de fracasados sus intentos en el 2009 y el 2010 para que se aprobara una reforma inmigratoria integral, da la impresión de que en el 2011 nadarán contra la corriente.
Al menos en ocho estados algunos legisladores planean seguir los controversiales pasos dados el año pasado por Arizona para criminalizar la inmigración ilegal. Y en al menos otros cinco, varios de ellos se han propuesto desafiar la decimocuarta enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía automática a hijos nacidos en EE.UU. de padres que entraron ilegalmente al país.
Los deseos de aprobar medidas similares a la de Arizona se han hecho patentes en Georgia, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del Sur, Tennessee, y Florida, donde el congresista estatal republicano Bill Snyder anunció que presentará a la legislatura un proyecto que contiene muchas de las propuestas incluidas en la Ley 1070 de Arizona.
Según Snyder, lo que se busca es “desanimar y evitar la entrada y presencia ilícita de extranjeros, y la actividad económica de personas presentes de forma ilícita en EE.UU.” Dicho así, suena inofensivo y hasta razonable. Los temores empiezan, dicen quienes se le oponen, cuando la letra de la ley se presta a interpretaciones que alientan la discriminación.
En adición, un paso de esa naturaleza tendría un impacto enorme en la agricultura, una de las principales industrias de la Florida, y también en la construcción, la jardinería y los restaurantes, que tradicional y mayoritariamente han empleado mano de obra indocumentada.
Pero tal vez el problema mayor no sea ese, sino que el debate se ha vuelto cada vez más enconado. De una parte están quienes alegan que los estadounidenses no deben seguir costeando beneficios (educación, hospitales,etc.) a extranjeros que entraron ilegalmente al país, y que en tiempos convulsos las fronteras cerradas son una garantía para la seguridad nacional.
Quienes los rebaten aducen que los sentimientos antiinmigrantes lindan con la intolerancia y el racismo --dos conductas muy reprobables en EE.UU.--, y que además no se justifican en una nación cuyos padres fundadores tuvieron siempre la visión de una sociedad incluyente, abierta y hospitalaria. Los argumentos están a la vista. La discusión sigue abierta.