Una alta funcionaria de Estados Unidos manifestó su preocupación por las acciones contra periodistas y defensores de derechos humanos que recientemente han sido perseguidos penalmente o encarcelados en Guatemala.
La nación centroamericana enfrenta una reconfiguración de las leyes del poder judicial que, en las últimas semanas, ha llevado a procesar y presentar cargos contra directores y medios de comunicación que han publicado investigaciones que desvelan corrupción estatal.
"Los recientes acontecimientos en Guatemala con respecto a las amenazas y acciones judiciales espurias en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y luchadores anticorrupción son motivo de preocupación", dijo el miércoles la subsecretaria estadounidense para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya.
También lea EE. UU. aboga en Guatemala por "asociaciones sólidas" para afrontar migración irregularLa funcionaria estuvo de visita en el país del 28 de noviembre al 1 de diciembre para tratar además temas de migración y apoyar programas de refugio y asilo para migrantes.
El Ministerio Público aseguró que siempre actúa velando por el estricto cumplimiento de las leyes.
"El Ministerio Público de acuerdo a su mandato legal tiene la obligación de investigar toda denuncia presentada a efecto de lograr la verdad histórica de los hechos, sin que esto signifique criminalización o persecución política", aseguró la entidad a través de su oficina de comunicaciones.
La jefa del Ministerio Público, la fiscal María Porras, rechazó previamente las críticas de Estados Unidos, describiéndolas como el trabajo del Departamento de Estado, no del gobierno de Biden. El presidente Alejandro Giammattei ha desestimado las críticas a los fiscales guatemaltecos como injustas.
También lea Ministerio Público de Guatemala gira nueva orden de captura contra exjefe de la FECIEn julio, Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval, un fiscal anticorrupción conocido internacionalmente. Poco después, Sandoval huyó del país.
El martes, funcionarios guatemaltecos dijeron que buscaban acusar al exfiscal de fraude, conspiración y abuso de autoridad.
A fines del mes pasado la policía capturó a tres activistas sociales por realizar pintas en paredes del edificio del Congreso en una protesta ocurrida en noviembre de 2020.
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