Los dueños y ejecutivos de compañías de transporte aéreo, terrestre o marítimo que ofrezcan servicios diseñados principalmente para personas que buscan emigrar irregularmente a Estados Unidos, estarán sometidos a una nueva política de restricción de visas anunciada el miércoles por el Departamento de Estado.
“La política se dirige a operaciones de transporte que se aprovechan de migrantes vulnerables y facilitan la migración irregular en todo el mundo y hacia EEUU”, dijo Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
Esta nueva política, según Miller, “amplía y reemplaza”, las restricciones anunciadas en noviembre de 2023 que abarcaban únicamente a los responsables de operar vuelos a Nicaragua, principalmente desde Cuba, “destinados principalmente a migrantes irregulares”.
También lea Florida puede desafiar política fronteriza de "captura y liberación" de Biden, según juezEric Jacobstein, subsecretario adjunto de Estado para América Central, aclaró en una llamada con la prensa que bajo esta nueva política, se vigilarán medios de transporte que operen desde otros países de la región, además de Cuba y Nicaragua, con el objetivo de movilizar migrantes irregulares.
Varias designaciones a individuos se anunciarán pronto, según anticipó. Sin embargo, los nombres de las personas que sean sancionadas permanecerán confidenciales, aclaró.
“Antes la política tenía que ver con los vuelos chárter, ahora tiene que ver con todas las formas de transporte”, dijo Jacobstein.
Al cuestionar cómo se podría monitorear desde qué países operan las empresas que ofrezcan servicios dirigidos a transportar migrantes irregulares, Jacobstein abundó que están “hablando con nuestros socios en toda la región” para tener rastro de dichos movimientos.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, apuntó que esta era una forma de “sacar provecho” de los migrantes vulnerables. “Nuestra nueva política de restricción de visas responsabiliza a los operadores de transporte que facilitan la migración irregular y ponen a las personas en riesgo”, agregó.
La política abarca a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de estas compañías.
“Aquellos que llegan a EEUU sin una base legal a menudo pagan precios de extorsión y ponen en riesgo tanto a ellos mismos como a los miembros de sus familias, sólo para ser sometidos a procedimientos de deportación de acuerdo con las leyes de inmigración de EEUU”, agregó Miller.
También lea Texas demanda a una ONG católica por contrabando de inmigrantesMientras tanto, aplicaciones de comunicaciones usadas en Cuba continúan promocionando vuelos de aerolíneas chárter desde La Habana hasta Managua por hasta 1,799 dólares. La empresa ofrece salidas cuatro días a la semana.
“Nadie debería lucrarse a expensas de migrantes vulnerables, ya sean contrabandistas, empresas privadas, funcionarios públicos o gobiernos”, concluyó el portavoz de Estado, quien aseguró que el gobierno estadounidense continuará “colaborando” con otros países y el sector privado para “eliminar” esta práctica.
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