Las empresas privadas que administran prisiones han visto crecer sus ingresos a medida que las autoridades detienen a mayor número de inmigrantes ilegales.
Mayor cantidad de inmigrantes ilegales están terminando en la cárcel en Estados Unidos, y las empresas que se dedican al negocio de las prisiones privadas están sacando gran provecho, de acuerdo con un estudio hecho por la agencia AP.
La investigación puso al descubierto que estas compañías gastan decenas de millones de dólares para cabildear en el Congreso e influir en los legisladores aportando además generosas sumas para sus campañas electorales, dijo la agencia.
Las tres empresas gigantes que controlan el sector, Corrections Corporation of America, The GEO Group y Management and Training Corp., invirtieron por lo menos $45 millones de dólares en donaciones electorales y cabildeo en la última década.
Este año el costo público para el mantenimiento de esas prisiones privadas ascenderá a $2.000 millones de dólares, una cifra llamada a aumentar en virtud de que el gobierno planea recluir a unos 400.000 indocumentados que son detenidos anualmente, indicó la agencia.
Aunque funcionarios federales han admitido que la privatización de las penitenciarías no resulta necesariamente más barata, el año pasado casi la mitad de esos reclusos estaban en manos de centros privados. Hace una década, la proporción era sólo de 10 por ciento.
Pese a que en los últimos años disminuyó el número de inmigrantes que entran ilegalmente al país, el sistema se ha seguido expandiendo y los centros bajo su administración van desde un suburbio de Denver (Colorado) a la zona industrial adyacente al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey.
Según AP, las autoridades de inmigración tienen planes de ampliar las cárceles privadas y construir nuevos centros en Newark, y también en un suburbio de Chicago y en la franja aledaña al Desierto de Mojave, en California.
La investigación puso al descubierto que estas compañías gastan decenas de millones de dólares para cabildear en el Congreso e influir en los legisladores aportando además generosas sumas para sus campañas electorales, dijo la agencia.
Las tres empresas gigantes que controlan el sector, Corrections Corporation of America, The GEO Group y Management and Training Corp., invirtieron por lo menos $45 millones de dólares en donaciones electorales y cabildeo en la última década.
Este año el costo público para el mantenimiento de esas prisiones privadas ascenderá a $2.000 millones de dólares, una cifra llamada a aumentar en virtud de que el gobierno planea recluir a unos 400.000 indocumentados que son detenidos anualmente, indicó la agencia.
Aunque funcionarios federales han admitido que la privatización de las penitenciarías no resulta necesariamente más barata, el año pasado casi la mitad de esos reclusos estaban en manos de centros privados. Hace una década, la proporción era sólo de 10 por ciento.
Pese a que en los últimos años disminuyó el número de inmigrantes que entran ilegalmente al país, el sistema se ha seguido expandiendo y los centros bajo su administración van desde un suburbio de Denver (Colorado) a la zona industrial adyacente al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey.
Según AP, las autoridades de inmigración tienen planes de ampliar las cárceles privadas y construir nuevos centros en Newark, y también en un suburbio de Chicago y en la franja aledaña al Desierto de Mojave, en California.