Los resultados de una encuesta sirven de antesala a la discusión del proyecto de ley que esta semana llevará a cabo un comité del Senado. Detractores de la reforma alegan que costará billones de dólares.
En vísperas de que el Comité Judicial del Senado someta a debate esta semana el proyecto de ley de inmigración, un sondeo difundido el lunes avala en proporción de casi tres de cada cuatro estadounidenses la propuesta de reforma migratoria elaborada por ocho senadores.
La encuesta, hecha por dos firmas de sondeos de opinión, una de tendencia demócrata (Global Strategy Group), y otra republicana (Basswood Research), revela que el 71 por ciento de los electores estadounidenses respalda el proyecto de ley impulsado por el llamado “Grupo de los Ocho”.
La mayor parte de los entrevistados apoya todos los elementos de la propuesta, incluido el reforzamiento de la seguridad en la frontera, y el 72 por ciento, comprendidos votantes republicanos, estiman que los indocumentados deben tener la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense luego de una espera de 13 años, ya cumplidos todos los requisitos.
Solamente el 20 por ciento de los encuestados dijeron que no apoyan que se legalice a los alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en el país y se inclinan porque la solución sea deportarlos.
Paralelamente al sondeo, la conservadora Fundación Heritage dio a conocer un estudio según el cual la reforma integral de las leyes de inmigración para conceder estatus legal a los indocumentados les costaría a los contribuyentes $6 billones 300 mil millones de dólares a lo largo de cinco décadas, o sea, $124 mil millones al año.
De acuerdo con el estudio, durante todos ese tiempo, los inmigrantes que hayan adquirido la ciudadanía estadounidense recibirían $9 billones 400 mil millones de dólares en beneficios (como Seguridad Social, Medicare, educación pública y ayuda a familias de bajos recursos), mientras que sólo pagarían $3 billones 100 mil millones de dólares en impuestos.
Grupos defensores de los inmigrantes, economistas e incluso legisladores discrepan de estas cifras y por el contrario alegan que la reforma ayudaría al crecimiento económico del país. En adición, hay quien señala que los $6 billones no representarían en verdad ningún costo adicional puesto que el gobierno ya presta algunos de esos servicios a los indocumentados.
La encuesta, hecha por dos firmas de sondeos de opinión, una de tendencia demócrata (Global Strategy Group), y otra republicana (Basswood Research), revela que el 71 por ciento de los electores estadounidenses respalda el proyecto de ley impulsado por el llamado “Grupo de los Ocho”.
La mayor parte de los entrevistados apoya todos los elementos de la propuesta, incluido el reforzamiento de la seguridad en la frontera, y el 72 por ciento, comprendidos votantes republicanos, estiman que los indocumentados deben tener la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense luego de una espera de 13 años, ya cumplidos todos los requisitos.
Solamente el 20 por ciento de los encuestados dijeron que no apoyan que se legalice a los alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en el país y se inclinan porque la solución sea deportarlos.
Paralelamente al sondeo, la conservadora Fundación Heritage dio a conocer un estudio según el cual la reforma integral de las leyes de inmigración para conceder estatus legal a los indocumentados les costaría a los contribuyentes $6 billones 300 mil millones de dólares a lo largo de cinco décadas, o sea, $124 mil millones al año.
De acuerdo con el estudio, durante todos ese tiempo, los inmigrantes que hayan adquirido la ciudadanía estadounidense recibirían $9 billones 400 mil millones de dólares en beneficios (como Seguridad Social, Medicare, educación pública y ayuda a familias de bajos recursos), mientras que sólo pagarían $3 billones 100 mil millones de dólares en impuestos.
Grupos defensores de los inmigrantes, economistas e incluso legisladores discrepan de estas cifras y por el contrario alegan que la reforma ayudaría al crecimiento económico del país. En adición, hay quien señala que los $6 billones no representarían en verdad ningún costo adicional puesto que el gobierno ya presta algunos de esos servicios a los indocumentados.