Del lado venezolano está su casa, su esposa y sus ancianos padres. Cruzando hacia Colombia tiene un empleo seguro como ingeniero que lo sostiene económicamente desde hace unos cuatro años.
En ese ir y venir transcurría con normalidad la vida del ingeniero venezolano Jorge Torrado, -que vive en Venezuela y trabaja en Cúcuta, Colombia.
Pero desde el pasado 22 de febrero, la incertidumbre por el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia ordenado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro lo golpeó duro y no fue el único.
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Miles de trabajadores y estudiantes que tienen sus vidas instaladas en ambos lados están ahora atrapados e impedidos de seguir el curso normal debido a la crisis política que atraviesa la nación.
"El paso sigue cerrado hasta el día de hoy y eso me ha llevado a mí a tener que disponer de las famosas 'trochas' o pasos ilegales (...) Estuve de cinco a seis días que no pude asistir a mi trabajo y gracias a Dios se entendió la situación, pero no es normal ni debería pasar por esto", expresó.
Dijo que "hay mucha tensión" para hacer el cruce ilegal: "Son controlados en la mayoría de los casos por los llamados 'colectivos' o inclusive se comenta que algunas de esas personas son miembros de guerrillas o de grupos al margen de la ley".
A través de los años, miles de venezolanos y colombianos han contado con documentos legales de ambos lados, incluso algunos de ellos obtenidos de forma irregular para poder transitar a través de la frontera con fines personales y comerciales.
A todos tomó por sorpresa el cierre de la frontera de parte de Maduro. La medida fue ratificada por Migración Colombia, cuyas autoridades alegan razones de seguridad.
La Voz de América reportó recientemente cómo cientos de venezolanos están teniendo que atravesar peligrosos cruces ilegales, conocidos como "trochas", para poder cargar de un lado a otro, -entre Cúcuta y Venezuela-, con medicinas y alimentos con los que intentan aliviar la escasez y el hambre.
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Torrado contó que incluso en los útlimos días ha tenido en ocasiones que quedar del lado colombiano con la ayuda de amigos que lo han acogido para evitar potenciales peligros.
Este joven ingeniero dijo que se corre peligro cuando otros como él quedan a la merced de estos grupos que "organizan y cobran" para pasar de un lado a otro.
Contó que antes del cierre decretado, el trámite migratorio en la frontera le tomaba entre una y dos horas, mientras que el trayecto lo hacía en unos 10 minutos en bus o autos desde San Antonio, Venezuela. Ahora, -cuenta-, tiene que caminar unos 25 minutos y pagar a bandas organizadas que controlan los pasos ilegales o "trochas".
Los controles, dijo, ya eran bastante fuertes antes del cierre sobre todo del lado de Venezuela.
"Mucha requisa. La Guardia puso alrededor de unos cuatro o cinco controles antes antes de llegar a la mitad del puente donde se encuentra Migración Colombia. Pero a pesar de eso el paso era pues normal", explicó.
Las tarifas de "los colectivos"
Los cobros en estos pasos ilegales dependen del motivo del viaje, dijo Torrado. Los que van a trabajar como él, a menudo pagan unos 2.000 pesos colombianos (unos 66 centavos de dólares). Pero para los que hacen el trayecto para llevar y traer mercancías la tarifa varía.
Torrado llama a estos pagos o sobornos con el término de "cancelar". Los que cobran dicen que es una "colaboración".
"Han habido ocasiones, -explicó el ingeniero-, en las que he tenido que buscar soluciones acá en Colombia y tener que quedarme porque imagínate tener que pasar en un día me cuesta 4.000 pesos colombianos diarios (equivalentes a 1,30 dólares), 2.000 pesos saliendo y 2.000 entrando. Eso no es bueno para nadie y hay que sumar el precio del transporte".
Explicó que "el riesgo es bastante alto" cada vez que tiene que usar un paso ilegal.
Y no tiene alternativa, -sostiene-, sus padres tienen una panadería que apenas pueden mantener por la falta de insumos. Su esposa, ahora también se arriesga a través de los pasos ilegales para poder cargar con un poco de aceite y harina que permita mantener en pie el pequeño negocio familiar.
El derecho de los niños "está siendo vulnerado"
El dilema del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela alcanza también a cientos de niños venezolanos que estudian del lado colombiano para sortear la crisis educacional, por la que maestros abandonan las aulas quejándose de los bajos salarios y malas condiciones de trabajo.
Hasta el Norte de Santander en días recientes padres trasladaron a unos 4.000 niños, segun explicó a VOA Noticias Javier Tarazona, de la ONG Fundación Redes. Son parte, explicó, de unos 8.000 niños venezolanos que van a clases en Colombia.
Buscaban exigir la reapertura de la frontera para reanudar sus clases. Muchos vienen a Colombia desde el municipio Pedro María Ureña.
"Niños venezolanos estudian en el Norte de Santander, producto de las crisis educativas que tenemos en el territorio, con maestros que no están en las aulas y con infraestructura deteriorada han tenido que ir a las aulas en Colombia para poder recibir una educación digna", dijo Tarazona.
Explicó que avanzan en la documentación de los casos de estos niños, cuyo derecho a la educación "está siendo vulnerado" por razones políticas que achacan al cierre de frontera decretado por Maduro.
"La exigencia nuestra es que haya un canal humanitario que permita el el ingreso de estos niños a su actividad académica en territorio venezolano. No hay garantías para una educación libre plural democrática y de calidad", dijo Tarazona.
En las redes sociales de organismos del sistema educacional controlado por Maduro, a menudo muestran una realidad triunfalista que contrasta con el reclamo de muchos padres, alumnos y maestros.