Las autoridades de seguridad de El Salvador no han reaccionado aún a una publicación que parece documentar una supuesta ruptura de un pacto entre el gobierno y las pandillas que habría sido la causa de un aumento de los homicidios a finales de febrero y llevó a decretar un Estado de Excepción
La publicación en el portal del diario digital El Faro incluye audios de una supuesta conversación entre el director de Tejido Social del gobierno, Carlos Marroquín, con un interlocutor de los grupos de pandillas.
Todo esto ocurre en momentos en que la policía ha incrementado sus operaciones el marco del régimen de excepción, que suspende ciertas garantías y amplía los plazos para llevar a los detenidos a instancias judiciales.
Para la legisladora Claudia Ortiz, del partido opositor VAMOS, las autoridades están mostrando falta de coherencia para enfrentar el problema de inseguridad: por un lado implementa un Régimen de Excepción y por otro se considera una supuesta tregua.
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Audios sugieren ruptura de presunto pacto entre gobierno de El Salvador y las pandillas
Además, el gobierno se resiste a extraditar a pandilleros que son reclamados por Estados Unidos.
“La historia nos lo ha dicho siempre, se da este ciclo tregua ruptura y además cuando se rompe la tregua un repunte de homicidios”, dijo Ortiz.
Por otro lado, el abogado penalista Iván Flores, consultado por la Voz de América, comparó la aceptación que han tenido las medidas entre la población, que parecen percibir un beneficio de seguridad, y las preocupaciones de otros.
“Creo que la población lo ve con buenos ojos, y el decir o sentir también de muchas personas, es que hay una cantidad de personas detenidas que aparentemente no pertenecen o no son de las estructuras (pandillas)”, dijo Flores.
Desde su punto de vista, “las autoridades también tienen la obligación de ser ese filtro en cuanto a la supuesta participaciones o existencias de hechos delictivos reales respecto a algunas personas que no son o no pertenecen a estructuras delincuenciales”.
Se reporta que hasta ahora hay más de 32.000 detenidas en El Salvador y el Congreso está a la espera que el Ejecutivo solicite una nueva prórroga del Régimen de Excepción.
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