La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR por sus siglas en inglés) celebró el viernes la aprobación en El Salvador de una ley que está diseñada para proteger y ayudar a los desplazados internos en el país, que sobrepasan la cifra de 71.500 desde 2006 hasta 2016.
La portavoz de ACNUR, Liz Throssell, dijo a la Voz de América que el desplazamiento interno en la nación centroamericana es resultado del crimen organizado y las bandas criminales, y que esto sigue siendo un problema extremadamente grave en El Salvador y Honduras.
"Entonces, lo que estamos haciendo es dar la bienvenida al hecho de que las autoridades salvadoreñas realmente están dando este primer paso para abordar el problema del desplazamiento interno", dijo Throssell.
También lea ACNUR alarmado por aumento de desplazados centroamericanosLa funcionaria de Naciones Unidas explicó: "Creo claramente, si hay esfuerzos para prevenir el desplazamiento interno, también va a tener un efecto secundario en el desplazamiento externo”.
Se trata de la “Ley especial para la prevención y protección integral de víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado”, que fue propuesta por la Asamblea Legislativa el 23 de agosto de 2018.
El texto de la legislación, redactado con el apoyo técnico del ACNUR, se alinea con los Principios Rectores de la ONU sobre Desplazamiento Interno y con otras normas internacionales que establecen los derechos de las personas desarraigadas, incluido el derecho a solicitar y recibir asistencia humanitaria, protección de unidad familiar, un nivel de vida adecuado y soluciones duraderas, señaló Naciones Unidas.
El pasado jueves 9 de enero la ley fue aprobada por 82 de 84 diputados, pero para que entre en vigor, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, debe firmarla.
En los 35 artículos que contiene se establece, entre otras cosas, un sistema de protección de víctimas, la restitución de propiedades perdidas, condiciones económicas y sociales dignas, y acceso a recursos efectivos.
"La ley refleja el creciente impulso en Centroamérica y más allá para reconocer y responder al fenómeno del desplazamiento interno", dijo Throssell en conversación con la VOA. "En Honduras, donde se estima que 247.000 personas han sido desplazadas por la violencia dentro de su propio país, el Congreso Nacional ha considerado una legislación similar a la ley aprobada en El Salvador”.
“También establece mecanismos para permitir que las personas afectadas por el desplazamiento interno protejan y reclamen propiedades que pueden haber sido forzados a abandonar en su huida”, enfatizó el portal digital de la ONU.
En julio de 2019, el recién estrenado gobierno de El Salvador se unió a Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá para responder a las necesidades de las personas desplazadas forzosamente a través del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones de ACNUR (MIRPS). En 2020, El Salvador asumió la presidencia temporal de este mecanismo especializado en los desplazamientos humanos.