Congresistas del oficialismo en El Salvador anunciaron el martes una nueva prórroga del régimen de excepción vigente desde el pasado 28 de marzo.
La noticia surgió dos días antes de que la medida llegara a su fin y se da cuando la policía del país dio a conocer que ha sobrepasado las 34.216 detenciones.
La prórroga, extendería por un tercer período de 30 días la medida aprobada por los diputados a petición del presidente Nayib Bukele, la primera se dio el 25 de abril, después de 30 días de haber entrado en vigor la medida por un repunte de homicidios por los que se responsabilizan a las pandillas.
Guillermo Gallegos, congresista por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con el que Bukele corrió por la presidencia, confirmó a los medios de comunicación de la extensión. Según el congresista, la decisión busca que las capturas de pandilleros se eleven a 70.000 y entraría en vigor a partir del 25 de mayo de 2022.
Denuncias de organismos
El anuncio de la nueva extensión se da cuando organismos de derechos humanos advierten que no hay "fundamento legal" para ampliar por un tercer periodo ese estado.
La jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de la organización de derechos humanos Cristosal, Ruth Eleonora López, citada por el medio local elsalvador.com, dijo que de acuerdo con la Carta Magna del país “no hay justificación para mantener un régimen de excepción”.
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También defendió su posición afirmando que las ONG’s y entidades que defienden los derechos humanos “no defendemos pandilleros, defendemos gente como la que ahora está aquí presentando Hábeas Corpus por su familiar que fue detenido por cuestiones arbitrarias".
Según el organismo que representa López junto a Human Rights Watch (HRW) desde la entrada en vigor del régimen de excepción han recibido casi 700 denuncias de detenciones arbitrarias y han presentado más de 39 Hábeas Corpus.
Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW, dijo que solo en los primeros 30 días del régimen de excepción documentaron “evidencias de detenciones arbitrarias de personas inocentes, que en algunos casos han sido sujetas a desapariciones forzadas de corta duración, así como casos alarmantes de muertes bajo custodia”.
Según Broner las autoridades “en vez de proteger a los salvadoreños de la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad han abusado de las amplias facultades que les concedió la Asamblea Legislativa, la cual ahora ha permitido 30 días más de violaciones de derechos humanos”.
El martes se conoció que siempre en el marco del régimen de excepción la Asamblea Legislativa aprobó 14 millones de dólares para que sea usado por el Ministerio Público del país para “Intervención de telecomunicaciones”.
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