Amanece en el Valle del Sol, Apopa, un barrio de El Salvador de la talla de La Campanera, antiguo refugio de las temidas pandillas hoy acorraladas en el país centroamericano. Es la hora en que los niños ya están en la escuela y las mujeres van al molino para preparar las tortillas del mediodía. Es también la hora elegida por los policías para la caza del enemigo.
— ¿Usted vive sólo aquí?
—Sí, vivo sólo, soy divorciado.
—¿Ha estado detenido anteriormente?
—No, nunca he estado detenido.
—¿Puedo pasar?
—Sí, pase adelante.
Es Víctor Barahona, un periodista salvadoreño, de 56 años, quien deja entrar a su casa a un agente de la Policía Nacional Civil de El Salvador, el 7 de junio 2022. Tres meses después de que el gobierno salvadoreño impusiera un régimen de excepción para disolver la fuerza de la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 en ese país.
También lea Violencia, maras y "mano dura" ¿Qué está pasando en Honduras y por qué se habla de un "efecto Bukele"?El agente policial tiene una instrucción clara: inspeccionar la casa del periodista y pedirle el documento de identidad para buscarle antecedentes policiales en el sistema. Luego de hacerle una radiografía con la mirada, el policía le pregunta:
—¿Tiene tatuajes?
—Sí, una rosa.
Víctor procede a mostrarla.
El agente no parece tener nada más qué hacer en la casa del periodista y con el documento de identidad en la mano le pide que lo acompañe a la delegación policial. Pero que lo acompañe esposado por “seguridad”.
“¿Por qué? Soy miembro de la prensa. Aquí está mi credencial”, dice un temeroso Víctor quien relata su testimonio a la Voz de América. En su defensa entrega las credenciales del Canal 29 de El Salvador y de la radio comunitaria “Tu Onda Club", pero no es suficiente. El agente las observa y le responde otra vez: “Acompáñenos”.
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Las primeras cinco horas de Víctor en bartolinas fueron inciertas. Llevaba sus credenciales porque a lo mejor en la delegación policial sí las tomarían en cuenta. Pero en lugar de que le dieran la oportunidad de defenderse recibió una bolsa con ropa blanca y sandalias del mismo color. Víctor se alistaba para reunirse con un oficial de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, oficialmente, como un detenido más.
“Lamentablemente, don Víctor, hoy están arrestando a Raymundo y medio mundo”, bromeó el oficial de la oficina de derechos humanos quien luego le dio la noticia de que iba a perder su libertad al menos seis meses.
Hasta enero unos 3.313 habían sido liberadas por falta de pruebas según cifras oficiales. Esto representó en torno al 5 % de los capturados bajo esta medida. Al momento de informar, el ministerio de Seguridad y la Dirección de Centros Penales indicaron que trabajan para “poder ir sacando [de prisión] a aquellos que estaban en el momento y lugar equivocado”.
Luego, a mediados de mayo de 2023, el gobierno salvadoreño reconoció la liberación de al menos 5.000 personas que estuvieron presas por error, tras no demostrársele que tenían vínculo con pandillas. Según el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro, las personas fueron liberadas porque las instituciones encargadas de supervisar las actuaciones de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía hacen su trabajo. El funcionario no habló sobre medidas de reparación.
Llegada a Mariona
La cárcel La Esperanza o penal de Mariona en San Salvador estaba repleto de gente en los primeros meses del régimen: las madres y sus hijos, los padres y otros familiares acampaban afuera de la cárcel improvisando carpas con bolsas de plástico y cobijas. La Policía estaba por todas partes, vigilando, recuerda.
Ese fue el primer destino de Víctor, quien todavía no asimilaba lo que le estaba pasando. “Me quitaron el pelo y me dieron un número. Ahí pasé el primer mes”, cuenta.
Solo los que han entrado a Mariona saben lo que se vive dentro. La prensa se acerca a la forma de vida en el penal hasta que habla con un exrecluso.
También lea Programa de la Mara Salvatrucha que terminó siendo ruta de escape para pandilleros que huyen de El SalvadorMedio vaso de agua en la mañana para beber. Medio vaso de agua por la tarde. Para el baño son cinco vasos de agua por reo. El baño no era una práctica diaria, solo cuando caía agua ya sea en la mañana, en la noche o en la madrugada. Era un incierto, rememora.
De repente, Víctor oía: “¡Abajo! ¡Abajo!”. Eran reos que habían muerto en otros sectores del penal a quienes los vivos tenían prohibido ver.
Hacia Izalco, donde la muerte habita
Dos meses después, Víctor iba rumbo a otro penal. Pero entre los reos había un rumor esparcido: que del penal de Izalco solo se salía muerto, pues hay un grupo conocido como “Los chacales” que no son los custodios de traje gris o celeste sino un grupo de unos 25 hombres que usan ropa negra, gorros navarone y trabajan en cuadrillas. Una especie de grupo del orden que aparece en casos especiales.
Víctor es conducido hacia esa cárcel de máxima seguridad, a 80 kilómetros de San Salvador. A la cárcel de “Los Chacales”. “Los vi. Ellos son los custodios más violentos de ese centro penitenciario. Golpean a las personas, las sacan de las celdas y se las llevan. Les teníamos miedo”, relata el periodista.
Para entonces, Víctor estaba lleno de hongos que adquirió en Mariona. Y una vez llegó a Izalco su condición de salud se agravó. Una noche sus compañeros le ayudaron a reventarle cada una de las erupciones que le habían salido en el cuerpo: unas de pus, otras de sangre. “Vivir eso cuando no debes nada… en este país… Karla… hacer prensa es delito”, me dice.
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Habiéndose quedado inmóvil casi durante tres días, Víctor vio de cerca la muerte. Ya sólo esperaba que lo llevaran a un hospital y que le avisaran a sus hijos y nietos para verlos por última vez en emergencia. Ya no pensaba volver a Izalco.
El periodista llora con esos recuerdos: “En el penal solo hay garrote, palo. Te quitan la comida de repente. Nos prohibían los cultos (reuniones religiosas). Nos decían que Dios ahí no existía, que éramos ratas, basura… que nos íbamos a podrir…”, cuenta. Pero la fuerza de un dios lo animaba.
En contra de las reglas de Izalco, los reos hicieron una iglesia. Leo era el líder, un pastor de unos 50 años que animaba a reos de otras celdas a no dejar de leer la Biblia ni de cantar los himnos evangélicos. Y desde entonces, comenzó a oírse con más fuerza la palabra de Jesús en la prisión. “Pero los custodios subían a castigar, a gritar, a pegarle al encargado de la iglesia”, relata el periodista.
En Izalco la vida es dura. Víctor no solo vivía represión. En la celda para 50 reos donde se hallaba habían 100. Y con el calor de mediados de año, los olores aumentaban. Los reos no podían darse vuelta sin tocarse unos a otros. Se habían convertido en un bulto.
La organización no gubernamental Cristosal informó en mayo que al menos 153 personas detenidas en El Salvador murieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción decretado por el Congreso el 27 de marzo de 2022.
2023: un año con un poco de esperanza
Afuera de Izalco las noticias sobre reos que estaban muriendo en masa eran cada vez mayores.
También lea Las cárceles de El Salvador sobrepasan tres veces su capacidadLas organizaciones de derechos humanos como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Cristosal, y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, todas con sede en San Salvador, hablaban de más de 100 reos muertos. Por ello, hicieron mayor eco ante el Organismo de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas asegurando de que en El Salvador se estaban dando “ejecuciones extrajudiciales” en las cárceles.
Víctor no sabía por qué en Izalco comenzaron a dar consulta. Algunas veces medicina. Pero la realidad era que El Salvador estaba siendo cuestionado fuera de esas rejas por las muertes que él veía cada semana. Lo que tampoco sabía era que a él se le acercaba la esperanza.
Es 5 de mayo, a las 3 de la tarde. Víctor llevaba casi 11 meses en prisión cuando hubo un conteo de reos en Izalco. Sube el custodio. “Saque de la celda 48 a Víctor Horacio Echeverría Barahona’”. Al fondo de la celda, los compañeros de Víctor: “¡Vas libre, viejo. Vas libre!”. Víctor no lo creía porque estaba el fantasma de la recaptura.
En los 15 meses que lleva de vigencia el régimen de excepción en El Salvador, la prensa local ha documentado cómo decenas de reos salen de prisión solo unos minutos cuando frente al penal les notifican la recaptura. Ese breve halo de esperanza solo les ha servido para abrazar a sus familiares antes de volver a sus celdas.
También lea El Salvador: Redadas llevan a miles a prisión, ¿son todos pandilleros?“El 19 de mayo jamás lo voy a olvidar. Yo jamás voy a olvidar esta pesadilla. (…) Andaba una toallita y le dije al custodio si la podía dejar en la celda. ‘¿Para qué?’, me dijo. ‘Si ya te vas a ir’. No, le dije. Ya esperé varios días y a varios los recapturaron”, le respondió Víctor.
Pero Víctor sí se fue de Izalco ese día, luego de 11 meses en las celdas de Mariona e Izalco, habiendo perdido 80 libras de peso ese tiempo. De haberse enfermado hasta la agonía y un agravamiento de su hipertensión. Víctor se fue.
“Ver a mi familia después de un año en el que creía que jamás los iba a volver a ver… Fue un calvario. Estoy aquí ahora porque Dios es grande”.
La prensa en riesgo
Víctor Barahona es el primer periodista de El Salvador en ser encarcelado en nombre del régimen de excepción.
A los días de su captura, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) había dado a conocer la salida de nueve periodistas, quienes buscaron refugio en otros países luego de que en El Salvador se aprobara una ley que castiga con hasta con 15 años de prisión "cualquier manifestación escrita" que aluda al "control territorial de las pandillas". Esas salidas fueron preventivas.
También lea El impuesto del miedo: la extorsión en El Salvador, Guatemala y HondurasPero Víctor no pensaba siquiera en refugiarse a pesar del contexto. Cuando la policía le tocó la puerta de su casa, él, en nombre de la justicia, decidió dejarlos pasar y luego acompañarlos esposado a una cárcel de la que no saldría hasta 11 meses después.
“Ya me habían dicho muchos colegas: ‘Víctor, tené cuidado, te van a meter preso. Esas entrevistas son muy duras’. Pero no podés callarte… Ahora sé y estoy cien por ciento seguro que a mí me llevaron por mi trabajo”, dice.
Aunque la APES se ha hecho cargo del caso de Barahona, la asociación denuncia el nulo acceso al expediente judicial del periodista. “Da la impresión que es un caso donde detuvieron primero e investigaron después y un año después lo han dejado en libertad para sorpresa incluso de quien era defensora pública de don Víctor”, explicó el abogado Oswaldo Feusier, de la APES.
La VOA solicitó la postura oficial sobre el caso del periodista a la designada de los enlaces entre el gobierno y la prensa internacional, pero no hubo respuesta.
Víctor continúa hablando con la meta de que su caso no se repita.
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