La justicia española investiga si hay delitos con el 'Delcygate'

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela. La funcionaria fue recibida por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en España, lo que violaría sanciones de la UE a Nicolás Maduro.

Un juez de instrucción en España comenzó la investigación para esclarecer si el encuentro entre el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela, Delcy Rodríguez, es constitutivo de delito.

El llamado ‘Delcygate’ está en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, informó Europa Press.

Entre los primeros pasos del juez está el haberle pedido al Ministerio del Interior que remita el protocolo de llegada de pasajeros al aeródromo, según dijeron fuentes a la agencia de prensa.

La vicepresidenta venezolana, sancionada entre otros altos funcionarios por EE.UU., llegó en la noche del 20 de enero a la capital española en un avión Falcon 900, alquilado por el gobierno de Maduro.

También lea Tras el 'Delcygate', canciller española niega giro en política hacia Venezuela

Ábalos primeramente negó el encuentro, pero con los días fue cambiando las versiones, hasta que declaró que se trataba de “un saludo”, dijo el diario El País, para luego explicar que tardaron 25 minutos en aquella conversación en el salón VIP del aeropuerto madrileño.

Los partidos Vox y Loácratas han querellado judicialmente al gobierno de Pedro Sánchez por el encuentro de Ábalos con Rodríguez, por los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia

Un vigilante del aeropuerto prestó declaración jurada en donde testificó que Rodríguez pisó suelo español “y que introdujo dos carros de maletas en España".

El funcionario de seguridad ha sido despedido y este hecho es parte de la encomienda del juez Serrano-Arnal al Ministerio del Interior.

Un portavoz de la empresa de seguridad Ilunion, a la que pertenece el vigilante, confirmó a Europa Press que “el trabajador ha sido suspendido de empleo y sueldo durante dos meses por facilitar que se grabara la sala de la terminal ejecutiva que usó Delcy Rodríguez en su escala en Madrid”.