El proyecto de ley de reforma inmigratoria propuesto por el presidente Joe Biden que busca ofrecer un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, fue oficialmente presentado ante la Cámara de Representantes y el Senado este jueves.
La propuesta legislativa permitiría que personas indocumentadas que hayan residido permanentemente en el país hasta el 1 de enero de 2021 puedan solicitar un estatus legal temporal, con la posibilidad de obtener tarjetas de residencia permanente después de cinco años, si pasan un escrutinio de seguridad.
Para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) y del Estatus de Protección Temporal (TPS), el camino a la residencia sería inmediato y, a la ciudadanía, en un período de tres años.
El ambicioso proyecto de Biden no escapa de las críticas de legisladores republicanos que se han mostrado en contra de algunos de sus enfoques en materia inmigratoria. Entre los detractores se encuentra el senador republicano por Florida Marco Rubio que se mostró en contra de ofrecer una "amnistía" para inmigrantes.
Pese al escepticismo, funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que el mandatario “está abierto” a trabajar, y a “comprometerse” a tender puentes con los miembros de los dos partidos.
Biden adelantó durante un foro comunitario esta semana que la legalización de 11 millones de indocumentados es un factor “esencial”, pero dejó entrever la posibilidad de presentar propuestas separadas. Funcionarios de la administración declinaron comentar sobre esta posibilidad.
La Casa Blanca está comprometida a hacer cabildeo para tratar de cumplir con la promesa de lograr una ley de reforma inmigratoria en los primeros cien días de gobierno de Biden, al tiempo que lucha por la aprobación de un Plan de Rescate por la pandemia.
En el Senado, los demócratas deberán votar en bloque y contar con el apoyo de al menos 10 republicanos para aprobar la propuesta, bajo las actuales reglas. Pero antes de llegar a ese punto, se prevé una larga discusión y presentación de enmiendas.
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Entre las reformas está la eliminación del plazo de un año para presentar aplicaciones de asilo y una mayor inversión en la contratación de jueces para reducir los retrasos existentes para procesar y adjudicar los casos.
La propuesta busca revivir programas de la era Obama para procesar solicitudes de asilo y refugio desde Centroamérica para evitar que las personas realicen el peligroso viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Entre las iniciativas se incluyen:
- El Programa para Menores Centroamericanos, impulsado por Biden cuando era vicepresidente, que busca reunir a los niños con sus parientes que residen en Estados Unidos.
- El Programa de Libertad Condicional de Reunificación Familiar Centroamericana, para unir de manera más expedita a las familias con peticiones aprobadas de patrocinio familiar.
- El establecimiento de Centros de Procesamientos para Refugiados en los países de Centroamérica, que intenta “registrar y procesar a las personas desplazadas para el reasentamiento de refugiados y otras vías migratorias legales, ya sea a Estados Unidos u otros países”.
4.000 millones de dólares para Centroamérica
El plan establece una partida de 4.000 millones de dólares, en cuatro años, a países del Triángulo Norte de Centroamérica para abordar las “causas fundamentales” del éxodo de personas de esos países.
Los fondos estarían destinados a gobiernos y organizaciones para reducir la “corrupción, violencia y la pobreza endémicas que hacen que las personas huyan” de Centroamérica.
La medida ha sido bien recibida por los representantes de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que expresaron a la Voz de América que esta es una agenda compartida.
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La propuesta delinea una estrategia de “seguridad inteligente” que descarta la necesidad de un muro fronterizo.
“El enfoque del presidente incluye medidas contundentes contra organizaciones criminales, aumentado la habilidad de detener y enjuiciar individuos involucradas en redes de tráfico de narcóticos y contrabando de personas”, explicó un alto funcionario de la administración.
Así mismo el proyecto demanda la implementación de un plan para “acelerar la detección y mejorar la capacidad de identificar narcóticos y contrabando en cada puerto de entrada terrestre, aéreo y marítimo”.