Cinco países de las Américas: Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Haití y la República Dominicana, no cumplieron los requisitos del Departamento de Estado de Estados Unidos en cuanto a transparencia fiscal el año pasado, según refleja un informe anual divulgado este viernes.
El reporte Transparencia Fiscal 2021 es un documento encomendado por el Congreso al Departamento de Estado que expone cómo los gobiernos del mundo invierten sus presupuestos e ingresos generados por impuestos.
El informe refleja hasta qué punto los gobiernos cumplen los requisitos mínimos de transparencia y ofrece una ventana a los ciudadanos sobre su administración. También ayuda a establecer la confianza de los mercados y la sustentabilidad, dice el resumen.
El departamento concluyó que de los 141 países evaluados, 74 cumplieron los requisitos mínimos de transparencia fiscal en 2020 y 67 no los cumplieron, pero destaca también si alguna de las naciones incumplidoras hicieron algún progreso para cumplir los requisitos.
Nicaragua
Alguna información sobre las obligaciones de la deuda estuvieron disponibles, pero los documentos de presupuesto no estaban preparados de acuerdo con los principios aceptados internacionalmente y el gobierno no detalló los gastos que sustentan a la oficina del gobierno.
Tampoco hubo datos públicos sobre las grandes empresas de propiedad estatal ni declaraciones financieras que se puedan auditar. No se publicaron los gastos de una asistencia fuera del presupuesto a Venezuela ni fue sujeta a auditorías ni supervisión legislativa.
Muchas empresas estatales, como ALBANISA, un proyecto conjunto entre compañías petroleras de Nicaragua y Venezuela no ha sido sometida a una auditoría.
La institución suprema para auditorías no cumple las normas de independencia internacionales y no ha auditado el presupuesto ejecutado por el gobierno.
El Salvador
Sin embargo, aunque el presupuesto estuvo sustancialmente completo, los ingresos reales y los gastos no correspondieron razonablemente a los que aparecían en el presupuesto.
Hubo preocupaciones además de que el gobierno no proporcionó una información completa a la legislatura sobre los gastos relacionados con el COVID-19.
La institución de auditorías revisó partes del documento, pero no tiene la capacidad para auditar el presupuesto completo ni la autoridad para llevar a cabo sus obligaciones.
El proceso de contratos para la extracción de recursos naturales está protegido por la ley y parece que se cumple en la práctica, dice el informe, y la información básica al respecto estuvo disponible públicamente.
Ecuador
Sin embargo, la información financiera de la empresas del estado y sus obligaciones de deuda no estuvo disponible.
Los documentos del presupuestos estuvieron sustancialmente completos y fueron generalmente confiables-
La institución de auditorías auditó los documentos anuales financieros del gobierno dentro de un período de tiempo razonable y el proceso de asignar licencias para explotar los recursos naturales fue cumplido en la práctica.
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