Algo más de dos años después de abandonar la Casa Blanca y poco menos de otros dos para las próximas elecciones generales, al expresidente estadounidense Donald Trump se le acumulan los procesos judiciales, una situación inédita y que ha trufado las páginas de los grandes medios generalistas de un sinfín de términos legales. A continuación, la Voz de América intenta aclararlos.
El cúmulo de casos judiciales contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump comenzó en abril, con la primera imputación por la que fue declarado responsable de abuso sexual.
El jueves 8 de junio un gran jurado federal en el estado de Florida lo acusó de mal manejo de documentos confidenciales del gobierno después de dejar la Casa Blanca. Una acusación a la que se sumaron nuevos cargos de obstrucción y retención deliberada de información de defensa nacional, el pasado 27 de julio.
La última acusación, hasta el momento, que enfrenta el expresidente Trump fue presentada en Washington el 1 de agosto y en ella un gran jurado federal señala al expresidente de Estados Unidos Donald Trump de tratar de revertir ilegalmente su derrota en las elecciones de 2020 para así aferrarse al poder.
A continuación, repasamos algunos términos legales con sus respectivas explicaciones, los significados de esas traducciones y la comparación entre el derecho anglosajón desarrollado en Estados Unidos y la norma judicial en la mayoría de países iberoamericanos, para establecer diferenciaciones.
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En el ámbito legal, una acusación es un documento emitido por un gran jurado, conocido como indictment en inglés, que señala a una persona como presunta responsable de un delito. El Instituto de Información Legal de la Escuela de Leyes Cornell describe al gran jurado como un grupo de ciudadanos elegidos al azar, cuya función es analizar las pruebas presentadas y decidir si existen suficientes indicios para acusar a alguien de un delito. Cuando el gran jurado considera que hay pruebas suficientes, emite una acusación formal, la cual detalla los delitos imputados a la persona en cuestión.
Asociación ilícita
Conocido en Estados Unidos como racketeering hace referencia a una actividad fraudulenta en la que varias personas establecen un esquema u operación coordinada con fines coercitivos e ilegales para obtener ganancias.
En el caso de Trump, se prevé que el exmandatario podría ser acusado de este crimen en la inminente imputación que podría enfrentar en Georgia, relacionada con sus supuestos intentos -junto a sus aliados- de tratar de entorpecer o cambiar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Cargos
En el sistema legal de Estados Unidos, los cargos representan acusaciones formales de que una persona ha cometido un delito. Estas acusaciones pueden ser presentadas por un fiscal, un agente de la ley o un denunciante privado, y son presentadas ante un tribunal, pudiendo dar lugar a un juicio. Una vez que se presentan los cargos, el acusado tiene derecho a comparecer ante el tribunal y recibir información detallada sobre las acusaciones en su contra. Asimismo, el acusado cuenta con el derecho a ser representado por un abogado y a un juicio justo.
En el caso de Donald Trump, se le imputan cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial, y conspiración contra los derechos de los ciudadanos.
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Donald Trump podría volver a convertirse en presidente de EEUU pese a las acusaciones que enfrenta
Cargos estatales
La mayoría de casos penales procesados en Estados Unidos responden a cargos estatales, que se ventilan por funcionarios del rango local, como los fiscales de distrito y jueces estatales. Los estados distribuyen los procesos en cortes de “circuito” y, bajo este esquema, varios tribunales pueden escuchar casos de una misma jurisdicción.
Cargos federales
Estos se aplican a los delitos de violación de las leyes federales con un rango de aplicación a nivel nacional y la investigación recae sobre fiscales federales.
A diferencia de una investigación estatal, los casos federales los investiga el Buró Federal de Investigaciones (FBI), u otras agencias del gobierno de Estados Unidos, y estos casos son procesados en cortes federales, según lo establece el Articulo III de la Constitución de EEUU. Los jueces de estas cortes son propuestos por el presidente y aprobados por la Cámara Alta del legislativo federal.
Caso penal y caso civil
El sistema judicial de Estados Unidos aborda la aplicación de justicia en dos categorías: asuntos civiles y asuntos penales o criminales. Los casos penales incluyen acciones consideradas como crimen contra la sociedad en su conjunto, a la vez que se consideran como ofensas directas contra el Estado.
Los casos civiles por el contrario se circunscriben a conflictos entre personas particulares, delitos a lo sumo, que se ventilan a partir de los deberes y responsabilidades entre las partes involucradas.
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En el contexto del derecho penal, un cómplice es alguien que colabora o ayuda a otra persona a cometer un delito. Los cómplices, en inglés accomplice o co-conspirator, pueden ser considerados responsables de los mismos delitos que los autores principales.
En este caso, se hace referencia a aquellos individuos que habrían asistido a Donald Trump en la planificación y ejecución del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Un cómplice puede contribuir al delito de diversas formas, como brindar apoyo logístico, proporcionar información, prestar asistencia en la planificación o facilitar la comisión del delito. La ley penal en Estados Unidos contempla diferentes grados de responsabilidad para los cómplices, dependiendo del grado de su implicación en el delito.
Conspiración contra los derechos de los ciudadanos
Esta acusación se refiere a un delito federal que se encuentra tipificado en la Ley de Derechos Civiles de 1871. Esta ley tiene como objetivo proteger los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, prohibiendo cualquier conspiración para interferir, oprimir, amenazar o intimidar a las personas en el ejercicio de sus derechos constitucionales, como el derecho al voto. En este contexto, aplica a los supuestos intentos de Trump y sus coconspiradores de "oprimir, amenazar e intimidar" a los ciudadanos, restringiendo así su derecho al voto en una elección.
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Esta acusación se basa en la presunta estrategia del expresidente por difundir afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020, a pesar de saber que no eran ciertas. Por ejemplo, Trump alegó sin pruebas que hubo fraude electoral y que las elecciones fueron "robadas", algo que fue rechazado hasta por algunos de sus más próximos asesores. Además, instó a sus seguidores a marchar en el Capitolio el 6 de enero de 2021 y a "luchar como el demonio" para mantenerse en el poder. Los fiscales sostienen que estos esfuerzos fueron parte de un "plan organizado y coordinado" para "socavar la integridad del proceso electoral".
Conspiración para obstruir un procedimiento oficial
En esta imputación, se destaca la supuesta planificación organizada de Trump y sus aliados para evitar la certificación de los votos electorales en enero de 2021. Además, se basa en los esfuerzos reales de Trump y sus cómplices desde las elecciones de noviembre de 2020 hasta el 7 de enero de 2021, con el fin de bloquear el procedimiento de certificación oficial en el Congreso.
Cortes de Distrito
Las cortes de distrito de estadounidenses son los tribunales de primera instancia del sistema federal. Estas pueden procesar la mayoría de los casos federales, tanto civiles como penales. Hay 94 distritos judiciales federales en todo Estados Unidos y sus territorios. Algunos estados, como Alaska, tienen una sola Corte de Distrito para todo el estado, en otros el número varía según el tamaño y la población.
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Palm Beach, epicentro del apoyo a Donald Trump
Denuncia
En Estados Unidos suena y resuena el término indictment, que en el castellano puro se refiere a una acusación judicial, o mejor dicho una imputación; aunque menos frecuente también se aplican los términos procesamiento e inculpación.
El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define este término como la “petición ante la jurisdicción penal de una condena mediante la aportación de pruebas que demuestren un hecho delictivo y destruyan la presunción de inocencia del imputado".
Extradición
La extradición es un proceso judicial de carácter penal y administrativo que indica que una persona acusada o condenada por un delito, conforme a las leyes de un Estado es detenida en otra jurisdicción para entregarla a quien la reclama.
En derecho internacional una persona sólo puede ser extraditada si existen acuerdos o tratados firmados entre los países para capturar y entregar a un solicitado. Cuando un proceso de extradición se realiza dentro de un estado federado, las leyes federales y estatales deben contemplar el procedimiento.
La Constitución de Estados Unidos en su Artículo III, Sección 2 dice: “La persona que en un estado cualquiera sea acusada de traición, delito grave o cualquier otro crimen, y huya de la justicia del estado donde se le acusó y sea hallada en otro estado, será entregada a la autoridad ejecutiva del estado que evadió, a solicitud de dicha autoridad, para que sea conducida al estado que tenga jurisdicción para reconocer el delito”.
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En Nueva York la falsificación de registros de negocios es un delito contemplado en la Sección Penal 175.05 y 175.10 de la Ley, y la querella requiere probar que la intención de defraudar se acople a una o varias acciones, según explica el bufete neoyorquino de defensa criminal, Andrew M. Stengel.
Este cargo penal se tipifica a partir falsear información de una empresa, violando la ley al “alterar o destruir un ingreso verdadero de un registro de negocio, u omitir información”.
La falsificación de registros comerciales en primer grado, bajo la Ley Penal de Nueva York, ofrece a los fiscales establecer que la intención de defraudar involucró una intención delictiva adicional de ocultar la comisión de otro delito o de ayudar en la comisión de ese otro delito. “Es una práctica habitual que los fiscales presentes cargos por transgresiones potencialmente más graves junto con el caso de la Ley Penal 175.10 (…) y estos cargos a menudo incluyen hurto mayor, falsificación y posesión delictiva de un instrumento falsificado”, indica un análisis legal del abogado Jeremy Saland, del bufete SL Saland Law.
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El gran jurado, jurado investigador o jurado de instrucción -y Grand Jury dicho en inglés- es una parte clave en el proceso penal bajo el derecho anglosajón desarrollado en Estados Unidos, aunque la determinación de éste para levantar cargos contra una persona o grupo no determina la culpabilidad. Sin embargo, sí sirve de contrapeso para que el equipo fiscal avance en la causa.
Un fiscal se vale del voto del gran jurado para presentar cargos penales o llevar ante un juez un caso criminal contra un posible acusado. Se reserva este mecanismo para ventilar “delitos graves”. En el sistema federal el gran jurado lo conforman entre 16 y 23 personas, a los que se les presentan avances de las investigaciones.
El voto del gran jurado no tiene que ser unánime si la mayoría determina que hay pruebas suficientes para acusar formalmente al acusado. En Nueva York no se puede acusar a una persona de un delito grave a menos que el gran jurado lo determine.
Imputado
Es la palabra con la que se designa a la persona sobre la que recaen sospechas de actos criminales. En inglés se refiere como indicted que conlleva a "acusar a alguien de una acción delictiva o perjudicial". También se puede traducir como sindicado, encausado o inculpado.
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Gran jurado de Nueva York vota para imputar a Trump
Ley RICO
La Ley de Organizaciones Mafiosas y Corruptas, o RICO Act (por sus siglas en inglés), establece como ilegal que cualquier persona, a través de un patrón de asociación ilícita o ganancias derivadas de ella, adquiera o mantenga, directa o indirectamente, cualquier interés o control de cualquier empresa, propiedad inmueble o propiedad personal de cualquier naturaleza, incluido el dinero.
Además, establece como un acto delictivo que cualquier persona conspire para intentar cometer violaciones dispuestas en el Código Penal, entre los que se encuentran la extorsión y falsificación de documentos. Su disposición de conspiración permite, además, vincular delitos que estén interrelacionados “por características distintivas”, es decir, con un objetivo común.
Obstrucción de la justicia
El delito de obstrucción a la justicia se constituye por acciones dolosas que atentan contra la aplicación de las leyes y “es un delito grave”, según las leyes estatales y federales de Estados Unidos, explica en su portal web el abogado penalista Jeffrey Wainer. La obstrucción federal de la justicia se define principalmente en el Título 18 del Código de los Estados Unidos: “es muy fácil cometer un acto que puede resultar en una acusación formal por obstrucción de la justicia”.
Obstrucción de un procedimiento oficial
Esta incriminación está vinculada a los presuntos esfuerzos de Trump y sus coacusados después de las elecciones de noviembre de 2020 hasta el 7 de enero de 2021 para bloquear el procedimiento de certificación oficial en el Congreso. Este cargo implica la sospecha de que Trump y sus cómplices participaron en acciones que buscaban interrumpir o socavar el proceso legal y democrático de certificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Se alega que estos actos habrían tenido como objetivo dificultar el correcto funcionamiento del gobierno y, en particular, del Congreso, interfiriendo en su responsabilidad de validar los resultados electorales.
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