Los días pasan y Honduras sigue con dos presidentes. El primero, Manuel Zelaya, quien parece estar de gira oficial en toda Latinoamérica, mientras que el segundo, Roberto Micheletti, no encuentra el camino para ser reconocido internacionalmente. Aunque lo sigue intentando.
Una delegación de su gobierno se encuentra en Washington para tratar de convencer a los miembros de la Organización de Estados Americanos, de que su gobierno actuó legítimamente el pasado 28 de junio cuando un grupo de militares entró a la casa de Zelaya y lo sacó fuera del país.
Según el empresario Arturo Corrales, uno de los miembros de la comisión, intentarán reunirse “en forma privada, pero no secreta (…), con todas las personas que tienen acreditaciones en la OEA”. Las reuniones están previstas que lleguen hasta el jueves.
Corrales asegura que mucha de la información que la OEA recibió sobre los sucesos del 28 de junio está tergiversada. Es por eso que intentarán dar a conocer de manera personal “sus preocupaciones, cuáles fueron sus informaciones cuando ocurrió la votación en la OEA (para suspender a Honduras), cuál es la información que tienen ahora y cuáles son las preguntas que falta por contestar”.
El Gobierno que preside Micheletti, por designación del Parlamento, sostiene que el 28 de junio Zelaya no sufrió un golpe de Estado, sino que los militares actuaron por un mandato judicial contra él por intentar celebrar una consulta para promover una Asamblea Constituyente, y que hubo una “sustitución constitucional”.
No obstante, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha mantenido firme su posición de calificar la destitución de Zelaya como un golpe de Estado y ha exigido que en cualquier negociación se incluya la restitución de Zelaya.
El Gobierno de Micheletti, que no ha sido reconocido todavía fuera de Honduras, considera que Insulza no es imparcial en el caso hondureño.
A pesar de que ambas partes aseguran estar cerca de encontrar un acuerdo, lo cierto es que ninguno quiere ceder ante las exigencias del otro.